El presidente Abelardo de la Espriella anunció que en los próximos días presentará ante el Congreso de la República la denominada ley de rescate económico. Esta iniciativa surge como la pieza fundamental y faltante en la hoja de ruta de las finanzas públicas del país, especialmente tras la reciente expedición por decreto del presupuesto para el año 2027. El objetivo central de este proyecto es implementar un recorte significativo en el gasto público para estabilizar las cuentas de la Nación.
Durante una alocución realizada el pasado domingo, el mandatario afirmó que la próxima semana se le presentará a Colombia la "solución de fondo" que el Ejecutivo ha estado preparando para hacer frente a los desafíos presupuestales y fiscales que atraviesa la Nación. Aunque el texto del proyecto aún no ha sido revelado, el Gobierno ha sido claro en su meta financiera: la ley de rescate económico busca recortar aproximadamente COP 45 billones del gasto público.
La urgencia de esta medida radica en el riesgo fiscal que enfrenta el país. Según las alertas emitidas por expertos y el Banco de la República, de no aplicarse este ajuste en el gasto, el déficit fiscal para el año 2027 podría alcanzar el 9,4 % del Producto Interno Bruto (PIB). Esta cifra representaría el déficit más alto de la historia del país, superando incluso los niveles registrados durante el periodo más crítico de la pandemia. Asimismo, se estima que la deuda neta llegaría a situarse en un 66,2 % del PIB.
El contexto de esta crisis se agrava tras la expedición por decreto del presupuesto de 2027, el cual asciende a un total de COP 634,9 billones. La distribución de estos recursos se ha mantenido según lo aprobado inicialmente por las comisiones económicas del Congreso en primer debate: COP 391,38 billones se destinarán al funcionamiento del Estado, COP 155,43 billones se dedicarán al pago de la deuda y COP 88,14 billones se asignarán a inversión.
Es importante señalar que el presupuesto fue aprobado originalmente por las plenarias de Senado y Cámara entre la noche del lunes 19 y la madrugada del martes 20 de octubre. No obstante, debido a un error de trámite, el Gobierno anunció que procedería a expedirlo mediante decreto. Si bien el monto total no varió, esta decisión provocó la anulación de diversos ajustes que habían sido consensuados en las plenarias. Entre las partidas perdidas se encuentran cerca de COP 8 billones que se trasladarían del servicio de la deuda hacia la inversión y otros sectores, además de COP 3 billones adicionales para salud, COP 6,5 billones para pensiones y COP 3 billones destinados a subsidios de energía y gas.
Desde el Ministerio de Hacienda, el ministro Miguel Gómez ha sido enfático sobre la insostenibilidad del modelo actual de gasto. Gómez explicó que el Estado colombiano recibe, en promedio, unos COP 29 billones mensuales, mientras que sus egresos ascienden a COP 40 billones, lo que genera un faltante mensual cercano a los COP 11 billones. El ministro subrayó que ninguna entidad, ya sea un hogar, una empresa o un país, puede sobrevivir indefinidamente cuando sus gastos superan sus ingresos. En este sentido, reveló que la deuda total del país se ubica actualmente en COP 1.174 billones.
El análisis del ministro Gómez apunta a que el problema principal no es solo la cantidad de dinero, sino la eficiencia en el gasto. El funcionario señaló la existencia de 95 establecimientos públicos y fondos de destinación especial, junto con 262 partidas presupuestales, que carecen de control y evaluación de eficiencia. Según el Ministerio de Hacienda, estas partidas suman al menos COP 63 billones, un monto que, de ser invertido correctamente, permitiría al país obtener mejores resultados.
En cuanto a la generación de ingresos, el ministro advirtió sobre una "fatiga fiscal". Indicó que el país cuenta con 18 impuestos nacionales, pero que el recaudo es insuficiente. Atribuyó esta situación a que la DIAN no ha logrado cobrar efectivamente los impuestos ni frenar la evasión fiscal.
Finalmente, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró en su intervención del domingo que no pretende ocultar las dificultades reales de las finanzas públicas ni ofrecer "soluciones mágicas". Aunque no precisó la fecha exacta de radicación ni el contenido detallado del proyecto, el Gobierno mantiene la meta de reducir el gasto en los COP 45 billones mencionados para evitar el colapso fiscal en 2027.
