La región Caribe de Colombia enfrenta una nueva presión económica en sus facturas de servicios públicos. La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Costa Caribe ha alertado sobre un incremento en el precio del kilovatio por hora impuesto por la empresa Air-e, una medida que impactará directamente el bolsillo de miles de hogares y comercios en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Según la información suministrada por la asociación de usuarios, el incremento se hará efectivo en la facturación correspondiente al mes de noviembre. El ajuste representa un aumento del 7% en un solo mes, lo que llevará el costo del kilovatio/hora de los $873 a los $936,63. Esta cifra ha generado una honda preocupación entre los consumidores, especialmente al contrastarla con los indicadores económicos nacionales.
De acuerdo con el análisis de la Liga de Usuarios, este incremento mensual del 7% supera la inflación acumulada de todo el año, la cual se sitúa en un 6,29%. Esta disparidad evidencia que el costo de la energía está creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el índice general de precios al consumidor, agravando la situación financiera de los usuarios en la zona norte del país.
Norman Alarcón, quien se desempeña como coordinador de la Liga de Usuarios en el Caribe, ha calificado esta medida como un "golpe" para los habitantes del Atlántico, Magdalena y La Guajira. Alarcón señaló que este incremento no llega solo, sino que se suma a un sistema de cobros adicionales que castiga a aquellos usuarios que presenten consumos mayores al 10% sobre el promedio registrado en el último año.
Este panorama de sanciones por mayor consumo ha consolidado el descontento ciudadano y ha sumado voces críticas de diversos sectores. Entre los detractores de estas medidas se encuentran el Centro de Pensamiento Económico de Anif, la propia Liga de Usuarios, diversos personeros del Caribe y empresarios pertenecientes a la Corporación por Amor a Barranquilla. Asimismo, figuras políticas de alto nivel han manifestado su rechazo, incluyendo al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y a los alcaldes de Barranquilla y Cartagena, Alejandro Char y Dumek Turbay, respectivamente.
Detrás de este aumento se encuentra una situación financiera sumamente delicada de la empresa Air-e. La Liga de Usuarios informó que la compañía atraviesa una crisis económica crítica, caracterizada por mantener deudas billonarias con generadores, transmisores y otros proveedores del sector eléctrico. Esta insolvencia tiene un efecto directo en el costo del servicio: debido a la falta de pago y a la desconfianza de las generadoras, que se niegan a ofrecer contratos a largo plazo, Air-e se ve obligada a adquirir gran parte de la energía necesaria para abastecer a sus clientes en la denominada "bolsa diaria". En este mercado spot, la energía resulta considerablemente más costosa, trasladando finalmente ese sobrecosto al usuario final.
Paralelamente, la Liga de Usuarios ha lanzado fuertes cuestionamientos hacia el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). La organización denuncia que ambas entidades han incumplido órdenes judiciales emitidas por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Atlántico. Dichas sentencias solicitaban la reducción de las tarifas mediante la eliminación de una sobretasa del 20% aplicada a la comercialización, un cobro que, según la denuncia, se aplica exclusivamente en la región Caribe. La eliminación de este cargo supondría una rebaja superior a los cincuenta pesos por kilovatio hora.
Ante la precariedad del sistema y la afectación a la ciudadanía, la Liga Nacional de Usuarios ha hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional. La organización solicita que el Estado brinde apoyo económico a Air-e para estabilizar su operación financiera y evitar que el servicio se siga deteriorando. Entre sus peticiones principales destacan la eliminación inmediata de la sobretasa del 20% a la comercialización en la Costa y el cese de los castigos tarifarios para los usuarios de zonas cálidas.
Finalmente, la asociación propuso que se mejore la infraestructura eléctrica de la región utilizando regalías mineras, con el objetivo de optimizar el servicio sin que esto implique nuevos incrementos en las tarifas para los consumidores finales.
