Una reconstrucción detallada del costo financiero de la deuda del Gobierno Central dominicano revela una cifra que pone en perspectiva décadas de gestión económica: aproximadamente US$50 mil millones. Este monto representa la magnitud de los intereses y comisiones pagados entre 2004 y 2026, basándose en las ejecuciones oficiales de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) hasta 2025 y las proyecciones presupuestarias para el año 2026.
Es importante precisar que esta cifra se refiere exclusivamente al costo financiero y no incluye la amortización del capital. Entre los años 2004 y 2025, las cuentas públicas registraron cerca de RD$2.285 billones bajo la clasificación funcional de intereses y comisiones. Al integrar el presupuesto de 2026 y realizar la conversión anual a dólares, el acumulado se aproxima a los US$50 mil millones, aunque el monto final puede variar dependiendo del tipo de cambio y la clasificación financiera aplicada.
Esta suma adquiere una dimensión crítica cuando se contrasta con las necesidades básicas de infraestructura del país. Según un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2021, las inversiones necesarias hasta 2030 para cerrar brechas fundamentales en áreas de agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones y transporte se estimaron en US$32,175 millones. En términos comparativos, la factura financiera reconstruida equivale aproximadamente a una vez y media la inversión requerida para solventar dichas deficiencias estructurales.
Si bien se trata de magnitudes basadas en períodos y precios distintos, el contraste obliga a cuestionar las prioridades del Estado y a determinar si el endeudamiento que generó tales costos produjo beneficios económicos y sociales suficientes para justificar la inversión.
El análisis también pone en duda la suficiencia del indicador deuda/PIB, utilizado frecuentemente para transmitir tranquilidad sobre la sostenibilidad fiscal. Se argumenta que, aunque es un indicador legítimo, es insuficiente porque el PIB mide el tamaño de la economía, pero no los ingresos fiscales reales disponibles para cubrir los intereses. Estos últimos deben financiarse ya sea con ingresos públicos o mediante nuevo endeudamiento, lo que compromete la capacidad fiscal presente y futura.
Para el año 2026, DIGEPRES ha presupuestado RD$324,257 millones en intereses bajo la clasificación económica, lo que representa el 26.2% de los ingresos tributarios previstos. Esto significa que, de cada RD$100 proyectados en impuestos, aproximadamente RD$26 se destinarán únicamente al pago de intereses, sin contar aún la amortización del capital. Bajo una clasificación funcional más amplia, la cifra asciende a RD$362,550 millones (29.3%), aunque este monto incorpora conceptos asociados al Banco Central.
La presión financiera se intensifica en el proyecto presupuestario de 2027, que contempla RD$351,327 millones en intereses y RD$44,556 millones para la recapitalización del Banco Central. La suma de estas obligaciones ronda los RD$396,000 millones, superando la asignación proyectada para el Ministerio de Educación. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que la inversión pública, cercana al 2.5% del PIB, sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de desarrollo y servicios esenciales del país.
El problema del costo financiero se extiende también a entidades estatales y fideicomisos. En 2024, RD Vial registró intereses devengados por RD$5,624 millones frente a un resultado operativo de RD$6,576 millones, lo que implica que su costo financiero consumió el 85.5% de dicho resultado contable.
Ante este escenario, se plantea la necesidad de un compromiso de Estado a largo plazo, desde 2027 hasta 2044, coincidiendo con el bicentenario de la Independencia Nacional. La propuesta no busca la eliminación total de la deuda, sino alcanzar un nivel bajo, sostenible y manejable a través del equilibrio fiscal estructural, la eficiencia del gasto y el fortalecimiento de la recaudación.
El plan propone metas verificables: para 2030, publicar un balance fiscal ampliado y una trayectoria de reducción del déficit estructural; para 2035, evaluar la presión de los intereses sobre los ingresos; para 2040, comprobar avances en inversión productiva; y para 2044, evaluar la sostenibilidad fiscal definitiva. Para lograrlo, Hacienda deberá publicar resultados anuales, mientras el Congreso y los organismos de control fiscalizan el cumplimiento, asegurando que el endeudamiento se oriente a crear patrimonio y no a perpetuar déficits.
