El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) se ha consolidado como la pieza central, y prácticamente la única, de la estrategia de política industrial impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. No obstante, la implementación de este esquema ha generado un intenso debate que divide tanto al sector económico como al ámbito político, poniendo sobre la mesa la tensión entre la atracción de capitales y el costo fiscal que esto conlleva.
Desde la perspectiva económica, uno de los principales cuestionamientos radica en la elaboración del Presupuesto Nacional. Diversos analistas observan que el proyecto no incluye una estimación del costo fiscal teórico de las ventajas impositivas otorgadas por el RIGI. Esta omisión contrasta con el tratamiento de otros regímenes vigentes o con las rebajas de alícuotas aplicadas a ciertos servicios y productos. Asimismo, existe una crítica de fondo respecto al diseño del programa, señalando que no se han contemplado mecanismos más específicos para asegurar el denominado “derrame” de las actividades que el régimen pretende promover.
En el plano político, la controversia es igualmente marcada. Sectores vinculados al kirchnerismo han manifestado su postura advirtiendo sobre la posibilidad de revisar los proyectos que ya han sido aprobados y de replantear la estructura del sistema para el futuro, lo que introduce una capa adicional de incertidumbre sobre la estabilidad del régimen.
Sin embargo, es fundamental señalar que el RIGI no es una decisión unilateral del Poder Ejecutivo, sino el resultado de una ley votada por el actual Congreso de la Nación. El argumento central detrás de su aprobación es que, sin este marco de incentivos, las inversiones que el régimen busca atraer no se concretarían en el país. Bajo esta premisa, la inclusión de un costo fiscal en el Presupuesto resultaría contradictoria; en su lugar, el gobierno sostiene que se debería estimar una “ganancia fiscal”, derivada de la recaudación de impuestos que generarían inversiones que, de otro modo, no existirían.
Por el contrario, los detractores del sistema argumentan que dichas inversiones se habrían realizado independientemente del RIGI. Desde este punto de vista, las ventajas fiscales no serían un motor de crecimiento, sino un “regalo” a las empresas, transformando la diferencia entre el régimen general y el especial en una pérdida fiscal directa. Este choque de visiones convierte el debate en un círculo improductivo: para quienes creen que el RIGI es indispensable, todo es ganancia; para quienes consideran que las inversiones ocurrirían de todas formas, todo es costo.
Es probable que la realidad se encuentre en un punto intermedio. Podría ocurrir que algunas inversiones se realizarían sin incentivos y otras no, y que la pertinencia de ciertos beneficios varíe según el tipo de proyecto o el origen de la empresa. No obstante, el punto neurálgico del análisis no debe ser solo la validez del régimen, sino la razón por la cual Argentina debe ofrecer garantías que otros países no otorgan, o que brindan en magnitudes mucho menores, para atraer capitales de largo plazo.
La respuesta se halla en el historial del país. Argentina arrastra una larga trayectoria de ruptura de contratos, cambios imprevistos en la carga impositiva, prohibiciones sorpresivas a las exportaciones y la fijación de precios locales disímiles a los internacionales. Ante este escenario de incumplimientos, los inversores exigen contratos explícitos que limiten las acciones de los gobiernos nacionales, provinciales y municipales en materia fiscal, cambiaria, aduanera y regulatoria.
Dada la naturaleza de las leyes, que pueden ser modificadas por otras leyes, el sistema prevé que las controversias por eventuales rupturas contractuales se resuelvan mediante arbitrajes o en la justicia de otros países y organismos supranacionales. Esto evidencia que la desconfianza no se limita a la gestión gubernamental, sino que se extiende al Poder Judicial argentino. En esencia, las empresas buscan asegurar los elementos necesarios para ganar un juicio ante un posible incumplimiento, independientemente de la capacidad real de cobro posterior.
En términos contables, este gasto tributario podría definirse más como un “costo reputacional” que como un costo fiscal. Se trata, paradójicamente, del precio que debe pagar el país por las políticas implementadas por quienes hoy cuestionan el régimen.
A pesar de estas justificaciones, el esquema no está exento de debilidades. Se reconoce que el RIGI debió integrar mejor el desarrollo de proveedores locales a nivel nacional, la capacitación de trabajadores para la reinserción en sectores promocionados y la extensión de las cadenas de valor. Sin embargo, el contexto global actual es favorable para la minería, la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) y la industrialización basada en energía abundante y limpia.
Un ejemplo tangible de la aplicación del régimen es la reciente aprobación por parte del Comité Evaluador de dos proyectos de TGS S.A. para el tratamiento de líquidos del gas natural (NGLs), iniciativas clave para incrementar la capacidad de evacuación de Vaca Muerta.
Ante la competencia global y el tiempo perdido durante años de estancamiento, el gobierno apuesta a aprovechar la ventana de oportunidad actual. Si bien será necesario cubrir las falencias del RIGI con políticas públicas complementarias, la premisa actual se resume en una idea atribuida a Maquiavelo: “La oportunidad es fortuna. Aprovecharla es virtud”.
