El panorama del empleo formal en Bolivia se encuentra en el centro de un debate técnico y político debido a las discrepancias en la frecuencia y la naturaleza de las estadísticas publicadas por las instituciones oficiales. Mientras el Instituto Nacional de Estadística (INE) evalúa la posibilidad de transitar hacia una publicación trimestral de sus resultados sobre el mercado laboral, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo mantiene una postura restrictiva respecto a la difusión mensual del número de cotizantes activos, priorizando en su lugar los datos de recaudación financiera.
Esta divergencia de criterios surge en un contexto económico complejo, donde la presión por ajustes fiscales y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) generan incertidumbre sobre la estabilidad de las fuentes de empleo en el país. La necesidad de contar con datos precisos y actualizados se vuelve crítica para analizar la situación real de la fuerza laboral y el impacto de las políticas económicas actuales.
Jorge Alberto Akamine Toledo, director ejecutivo del INE, ha manifestado su interés en que la encuesta de empleo deje de ser un reporte anual para ofrecer resultados cada tres meses, siguiendo la tendencia de otros países. Para lograr este objetivo, Akamine señaló que la metodología será revisada en estrecha coordinación con organismos internacionales, destacando la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El director sostuvo que, aunque las cifras actuales se basan en estándares internacionales, es viable desarrollar estudios más profundos e introducir cambios metodológicos que permitan distinguir con mayor claridad entre los trabajadores formales, los informales y aquellos en situación de subempleo.
En relación con la informalidad, el INE ha puesto a disposición una metodología a través de su plataforma ANDA y ha expresado su apertura al diálogo con analistas y especialistas. Además, el instituto tiene previsto implementar programas de capacitación dirigidos inicialmente a universidades, con el fin de explicar detalladamente cómo se elaboran los indicadores y cuáles son los procedimientos de cálculo utilizados. No obstante, es importante señalar que esta transición a datos trimestrales sigue siendo una intención en fase de evaluación, ya que aún no se ha anunciado un calendario definitivo ni se han detallado los cambios operativos concretos.
Paralelamente, la calidad de las estadísticas laborales enfrenta un desafío en el sistema de pensiones. La Gestora Pública reportó que, para mayo de 2026, contaba con 2.827.870 asegurados registrados. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre el número de asegurados y el de cotizantes activos. El registro de asegurados es acumulativo, integrando a cualquier persona que alguna vez se haya inscrito en el Sistema Integral de Pensiones (SIP), independientemente de si continúa aportando o no.
En contraste, el dato de cotizantes activos es el indicador que realmente refleja cuántas personas realizaron aportes en un periodo determinado, permitiendo dimensionar la cantidad efectiva de empleo formal que sostiene el sistema previsional. Según investigaciones previas basadas en datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), el último dato difundido de cotizantes activos correspondía al año 2024, situándose en 833.182 personas, una cifra drásticamente menor a los más de 2,8 millones de asegurados reportados para 2026.
Ante las consultas sobre esta omisión, la Gestora argumentó que el número de aportantes no es un valor fijo debido a la variabilidad de la situación laboral de los individuos. La institución sostiene que la evolución mensual de la recaudación es la herramienta adecuada para evaluar la sostenibilidad del sistema. Si bien la recaudación ofrece una visión de la dinámica financiera, no sustituye la estadística de cotizantes, ya que el flujo de dinero no identifica necesariamente el número de personas que generan esos aportes ni confirma un crecimiento en el empleo formal.
Los datos financieros proporcionados por la Gestora para el periodo enero-agosto de 2026 revelan que la recaudación del Fondo de Capitalización Individual (FCI), excluyendo vencimientos de inversiones, aumentó de Bs 810,76 millones en enero a Bs 881,08 millones en agosto, lo que representa un incremento del 8,7%. El punto máximo de recaudación se alcanzó en julio, con Bs 903,45 millones, antes de registrar un retroceso en agosto. Por otro lado, los pagos de prestaciones y beneficios subieron de Bs 712,46 millones en enero a Bs 726,96 millones en agosto, un aumento del 2%.
Aunque la recaudación mensual superó los pagos de prestaciones durante los ocho meses analizados, con una diferencia que osciló entre Bs 98,30 millones en enero y Bs 168,49 millones en julio, estos datos son insuficientes para determinar la estabilidad de la base de aportantes. La recaudación puede subir debido a incrementos salariales o cambios en la composición de los aportantes, sin que ello implique la creación de nuevos empleos.
En conclusión, la transparencia estadística es fundamental para ambas instituciones. Mientras el INE debe proporcionar datos oportunos sobre empleo y desempleo, la Gestora debe ofrecer información que permita evaluar no solo la salud financiera del sistema, sino también la participación efectiva de los asegurados. La publicación conjunta de la recaudación y el número de cotizantes activos, con definiciones claras, evitaría que un indicador financiero sea utilizado erróneamente como un sustituto de una estadística laboral.
