La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido una advertencia formal sobre las posibles implicaciones negativas que podría tener la implementación de un sistema de colegiatura profesional voluntaria en Costa Rica. Según el órgano contralor, el proyecto de ley que busca modificar el régimen actual podría comprometer seriamente los procesos de control, la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos financieros del Estado.
Esta alerta surge a raíz del análisis técnico realizado por la institución sobre el proyecto de ley denominado "Reforma para la Promoción de la Libre Competencia en los Servicios Profesionales y Modernización del Régimen de Colegiatura" (25.747). El objetivo principal de dicha iniciativa legislativa es eliminar la obligatoriedad de afiliarse a un colegio profesional para poder ejercer una profesión en el país, permitiendo que los profesionales decidan libremente si desean formar parte de estas organizaciones.
Desde la perspectiva de la Contraloría, el modelo de colegiatura voluntaria propuesto en el texto es insuficiente para cubrir aquellas funciones profesionales que demandan estándares técnicos elevados, así como niveles estrictos de independencia y ética, especialmente cuando se trata del manejo y supervisión de los fondos públicos. La CGR sostiene que existen áreas críticas donde la certificación y el respaldo de un colegio profesional son fundamentales para garantizar la calidad del servicio.
En el documento técnico, la institución hace especial énfasis en las actuaciones profesionales relacionadas con las auditorías. Estas funciones son consideradas esenciales para la correcta toma de decisiones financieras dentro del sector público. Actualmente, los lineamientos vigentes exigen que quien desempeñe estas labores sea un miembro activo del colegio profesional respectivo, lo cual sirve como una garantía de que los servicios profesionales cumplen con los estándares de calidad requeridos por la administración pública.
Uno de los puntos más preocupantes detallados por la CGR es que, de aprobarse la iniciativa en su redacción actual, el Estado quedaría impedido de exigir requisitos adicionales para ciertos cargos clave. Específicamente, se señala que no se podría requerir la colegiatura para quienes asuman los puestos de auditor y subauditor. Asimismo, se eliminaría la posibilidad de exigir la condición de contador público autorizado para llevar a cabo auditorías externas de los fondos públicos, lo que representaría un vacío en la supervisión técnica de los recursos del Estado.
Además de los riesgos en la fiscalización, la Contraloría manifestó dudas razonables sobre la viabilidad del Registro Nacional de Profesionales, una plataforma que, según el proyecto, estaría adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). La CGR advirtió que el texto legislativo no incluye una estimación de los costos que implicaría el desarrollo, la operación, el mantenimiento y la seguridad de dicho registro. De igual manera, el proyecto carece de una definición clara sobre la fuente de financiamiento que asegure que este registro sea sostenible en el tiempo.
Ante la divulgación de este criterio técnico, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica manifestó su respaldo al análisis de la Contraloría. El gremio solicitó formalmente que las observaciones emitidas por el órgano fiscalizador sean tomadas en cuenta durante el trámite legislativo con el fin de detener el avance del proyecto en su forma actual.
Francisco Ovares, presidente del Colegio de Contadores, señaló que un aspecto central del criterio de la CGR es la imperiosa necesidad de establecer una distinción clara entre el régimen general de colegiatura y los requisitos especiales que deben mantenerse para funciones profesionales específicas. Ovares subrayó que estas exigencias son vitales para las actividades vinculadas con la auditoría, el aseguramiento y la fiscalización de los fondos públicos.
A esta preocupación se sumó la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), la cual alertó que la propuesta de ley no ofrece claridad sobre cómo se mantendrían los mecanismos de supervisión y la disciplina profesional. Según la AIC, el cambio normativo generaría una falta de cobertura y una supervisión inefectiva sobre aquellos profesionales que opten por ejercer de manera independiente y decidan no colegiarse, dejando un vacío en la vigilancia de la práctica profesional.
