El Pleno del Senado de la República ha dado luz verde al decreto para la creación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Esta nueva legislación, promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene como propósito fundamental impulsar la adopción de medios de pago electrónicos y digitales, buscando reducir progresivamente la dependencia del dinero en efectivo en diversas actividades económicas.
La aprobación se llevó a cabo mediante una votación en la que el cuerpo legislativo se dividió. En lo general, el decreto fue avalado con 73 votos a favor y 34 en contra, provenientes de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Posteriormente, en la votación en lo particular, la ley fue aprobada con 72 votos a favor y 37 en contra, sin que se registraran abstenciones. Tras este aval legislativo, el dictamen ha sido remitido al Ejecutivo federal para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con el dictamen, el objetivo primordial de esta ley es cerrar la brecha existente entre la infraestructura tecnológica ya disponible en el país y su uso efectivo en la cotidianidad, permitiendo que cualquier persona, sin importar su condición, pueda realizar pagos de manera digital. La exposición de motivos de la minuta, remitida originalmente por la Cámara de Diputados y ratificada por el Senado, señala que la digitalización de los medios de pago permite reducir las barreras de participación en la economía formal.
Asimismo, la legislación plantea ampliar la autonomía económica de las personas y generar condiciones más equitativas para el acceso a los servicios financieros. El documento hace especial énfasis en beneficiar a poblaciones que históricamente han sido excluidas del sistema financiero, mencionando específicamente a las mujeres, los habitantes de localidades rurales, las personas con rezago educativo y las comunidades indígenas y afromexicanas.
La nueva ley sostiene que una economía más conectada, formal y eficiente produce mayores oportunidades económicas, mejores servicios y fortalece las capacidades del Estado para atender las necesidades de la población. En este sentido, se argumenta que la construcción del bienestar no depende únicamente de la disponibilidad de la infraestructura, sino de que la aceptación de los pagos digitales sea generalizada, existan mecanismos de identidad para procesos a distancia y se cuente con un marco jurídico de rango legal que respalde la transición.
Desde la tribuna, Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía y miembro de Morena, destacó que este ordenamiento es de gran relevancia para la modernización económica de México. Explicó que la ley establece las bases jurídicas e institucionales para ampliar la adopción de medios de pago electrónicos, fortalecer la inclusión financiera y facilitar las operaciones comerciales de millones de mexicanos. Reyes Carmona subrayó que, aunque México cuenta con una infraestructura financiera y tecnológica desarrollada, su utilización diaria aún no alcanza a todos los sectores de la población ni a todas las actividades económicas.
Como ejemplos de la infraestructura actual, el legislador mencionó el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), que permite transferencias entre instituciones financieras; CoDi, que facilita cobros mediante códigos QR; y DiMo, que permite transferencias asociadas a un número telefónico. Para respaldar la viabilidad de la ley, citó datos del Banco de México (Banxico), indicando que en 2025 se realizaron más de 7,300 millones de transferencias mediante SPEI, lo que demuestra la capacidad de la infraestructura nacional para procesar operaciones a gran escala.
Sin embargo, la propuesta enfrentó fuertes críticas de la oposición. José García López, por parte del PAN, afirmó que el gobierno intenta presentar la ley bajo un "bonito envoltorio de modernización, vanguardia e inclusión financiera", cuando a su juicio se trata de "voracidad recaudatoria e inspección fiscal con piel de oveja". Por su parte, Karla Toledo Zamora, en representación del PRI, aseguró que la ley otorga más poder al gobierno y representa una amenaza a la libertad de los ciudadanos para elegir su forma de pago.
