En Venezuela, aunque el dólar no ha sido adoptado como moneda oficial, se ha convertido en la referencia de facto para el mercado nacional. Esta situación ocurre en un contexto donde no existe un ente que supervise la distribución del consumo masivo de divisas, ya que el Banco Central de Venezuela desempeña otras funciones. Ante este escenario, surge la interrogante sobre cómo se desenvuelve la masa monetaria del dólar en el territorio y si existe un volumen significativo de estas divisas en el estado Bolívar, tal como sugiere el imaginario colectivo guayanés.
Para analizar esta problemática, el economista Luis Gerardo Muñoz, especialista en el área de lavado de activos y residente en Bogotá, explica que el lavado de activos es la actividad mediante la cual grupos u organizaciones delictivas intentan que el dinero proveniente de actividades ilícitas se convierta en dinero "limpio" para poder ingresar al sistema financiero. Basado en su experiencia en el sector bancario, Muñoz sostiene la tesis de que existe una enorme movilidad de divisas en Venezuela a través de esta vía.
El especialista detalla que el proceso de legitimación de capitales se divide en tres fases características: primero, la colocación del dinero en la entidad bancaria; segundo, la dispersión de los fondos; y tercero, la integración, que permite que el capital regrese a manos de los operadores del delito. Según Muñoz, las principales fuentes de esta práctica son el narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas y el terrorismo, destacando que es una actividad sumamente rápida debido a que los delincuentes requieren disponibilidad inmediata del dinero.
En cuanto al marco legal, se ha planteado la duda sobre la aplicación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en Venezuela. Al respecto, Muñoz señala que países como Colombia han implementado mecanismos expeditos, actualizados y vigilantes que generan confianza. Asimismo, menciona que el control de cambios es un factor clave para atender la actividad del lavado. Como ejemplo de rigor internacional, resalta la labor de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuyos programas de seguimiento son estrictos, resultando en sanciones a empresas y personalidades. Un caso reciente es la multa de 1.200 millones de dólares impuesta al Bank of America por fallas en la prevención del lavado de dinero.
Uno de los puntos más críticos analizados es la situación de las ciudades venezolanas que operan como centros de legitimación de capitales. Muñoz hace especial énfasis en la región de Guayana, señalando que posee todas las condiciones para estas operaciones, superando incluso el riesgo de ciudades como San Cristóbal, Valencia o Puerto La Cruz. Esto se debe principalmente a la actividad de la minería ilegal operada por bandas antisociales y entramados delictivos.
El economista es tajante al afirmar que la dolarización en Venezuela "explotó por completo" sin que exista un control sobre el origen de los fondos en efectivo. Muñoz refuta la teoría de que las remesas enviadas por venezolanos en el exterior o el dinero traído por quienes regresan al país sean los motores de la circulación de dólares, argumentando que las cantidades son muy pequeñas para sustentar tal volumen. En su lugar, sostiene que la verdadera fuente es el narcotráfico, que inunda el mercado con dólares desde el exterior, concluyendo que "Venezuela es un lavadero".
Esta realidad se refleja profundamente en el estado Bolívar. Con el bolívar pulverizado, el territorio se ha convertido en un espacio de irregularidades económicas donde se utilizan "gramos" de oro como pago y circulan monedas como el peso colombiano o el rial brasileño. La creación de "islotes económicos" en Ciudad Guayana, tras la bancarrota de las empresas básicas, sugiere que el movimiento de divisas está integrado por delitos provenientes de los municipios de extracción minera.
Finalmente, el análisis sugiere que la opacidad en las instituciones públicas, gobiernos locales y sectores empresariales ha permitido que estas prácticas se normalicen. Se plantea que la lentitud de una salida democrática en el país podría estar vinculada a que los grupos de poder en Guayana y otras regiones encuentran rentable mantener este sistema de irregularidades. En consecuencia, existe el riesgo de que las agendas políticas actuales busquen proteger estos intereses y secretos vinculados al lavado de dinero proveniente de la minería ilegal y emprendimientos conexos.
