El Gobierno ha proyectado un incremento de ₡22.390 millones adicionales para el pago de remuneraciones a los empleados públicos durante el año 2027. De acuerdo con un análisis exhaustivo del proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario para el próximo periodo, elaborado por el Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa, este monto representa un crecimiento del 0,7% en comparación con el costo de la planilla presupuestado hasta agosto de 2026.
Para el ejercicio fiscal de 2027, el monto total asignado al pago de remuneraciones, que incluye las cargas sociales correspondientes, asciende a ₡3,1 billones. Esta cifra es significativa en el contexto del gasto público, ya que representa el 24,9% del gasto total proyectado por el Estado para dicho año.
En términos de fuerza laboral, estos recursos financieros permitirán cubrir las remuneraciones de un total de 155.387 trabajadores. Esta cifra refleja un aumento en el número de plazas financiadas, sumando 273 puestos adicionales en comparación con el presupuesto que se encuentra vigente actualmente. El análisis presupuestario indica que existe una fuerte concentración de la fuerza laboral, señalando que el 82,4% de los puestos de trabajo se agrupan en cuatro instituciones específicas, aunque también se registran incrementos en la cantidad de plazas en otras entidades gubernamentales.
Desde una perspectiva técnica, el economista José Luis Arce, director de FCS | Análisis & Estrategia, ha proporcionado un desglose detallado sobre cómo se distribuyen los ₡3,1 billones destinados a la planilla. Según sus datos, el 44,4% de este presupuesto se destina a remuneraciones básicas, mientras que el 38,6% se asigna a incentivos salariales y el 15,9% restante se utiliza para cubrir las contribuciones patronales.
Un punto crítico del análisis recae en los incentivos salariales, para los cuales se han destinado ₡1,2 billones en total. El informe destaca que el monto presupuestado específicamente para los pluses salariales es casi igual al monto destinado al pago de los salarios básicos. Esta particularidad estructural es descrita como una herencia del régimen salarial que operaba antes de la entrada en vigor de la Ley Marco de Empleo Público, la cual fue implementada el 10 de marzo de 2023. Arce advierte que, si bien la estructura de incentivos salariales se mantiene intacta, actualmente se encuentra en un estado de congelación.
En cuanto a la sostenibilidad financiera de estos pagos, el análisis revela que el 45% de la planilla se financiará mediante la emisión de deuda pública. Este dato se inserta en un marco presupuestario nacional más amplio, donde el gasto proyectado para 2027 alcanza los ₡12,4 billones. De este monto total, el 89,6% se concentra en tres grandes partidas presupuestarias.
Para financiar la totalidad del presupuesto nacional del próximo año, el Estado prevé utilizar diversos mecanismos de recaudación y financiamiento. El 62,3% de los recursos provendrá de impuestos, destacando principalmente el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado (IVA). El porcentaje restante, equivalente al 37,7%, se obtendrá a través del endeudamiento.
En el ámbito legislativo, el proyecto de ley ya ha avanzado en su trámite, habiendo recibido un dictamen afirmativo este miércoles por parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. El paso final para su aprobación requiere que sea discutido y votado en dos debates reglamentarios por el plenario legislativo, proceso que debe completarse, a más tardar, el 30 de noviembre.
