El sector gremial de Bolivia ha manifestado una profunda preocupación respecto a la situación económica actual que atraviesa el país. Ante este escenario de incertidumbre y malestar, los representantes de este sector han señalado que no descartan la realización de movilizaciones sociales durante el mes de noviembre, con el objetivo de visibilizar sus demandas y expresar su inconformidad frente a las políticas y circunstancias económicas vigentes.
Para coordinar las acciones a seguir y determinar la magnitud de las protestas, el sector tiene previsto convocar a un ampliado. Este encuentro servirá como el espacio deliberativo donde las diversas bases y federaciones definirán las medidas concretas que se implementarán. La convocatoria al ampliado responde a la necesidad de unificar criterios y establecer una hoja de ruta clara frente a lo que consideran una situación económica insostenible para quienes se dedican al comercio gremial y al trabajo por cuenta propia.
César Gonzáles, dirigente gremial, ha sido enfático al describir el clima actual dentro de las organizaciones. Según Gonzáles, el malestar no es un hecho aislado, sino que se ha extendido a través de todas las federaciones de gremiales y afecta igualmente a aquellos trabajadores que operan por cuenta propia. El dirigente manifestó que existe una preocupación generalizada que ha llevado al sector a plantear la necesidad de salir a las calles.
En relación con el cronograma de protestas, Gonzáles detalló que el planteamiento es movilizarse "sí o sí" durante el mes de noviembre. De manera más específica, el sector tiene la intención de cerrar el año con una movilización programada para las últimas dos semanas de dicho mes. Esta planificación sugiere que los gremiales buscan generar un impacto significativo antes de finalizar el ciclo anual, utilizando la movilización como herramienta de presión y comunicación hacia las autoridades competentes.
Uno de los puntos neurálgicos de este conflicto es la declaración de estado de emergencia en la que se encuentran los gremiales. Esta situación de alerta ha sido motivada, en primera instancia, por los costos asociados a la energía eléctrica, los cuales han generado una presión adicional sobre los costos operativos de los comerciantes, afectando directamente su rentabilidad y sostenibilidad económica.
A este problema se suma una preocupación a mediano plazo que ha generado gran alarma en el sector: el anuncio realizado por el Gobierno nacional sobre la eliminación de la subvención a la gasolina. El Gobierno ha indicado que esta medida se hará efectiva a partir del año 2027. Para los gremiales, este anuncio no es una cuestión meramente administrativa, sino que implica necesariamente un incremento en el precio del combustible, lo cual repercutiría en el costo del transporte de mercancías y, en consecuencia, en el precio final de los productos y la operatividad de sus negocios.
Además de la crisis energética y la futura eliminación de la subvención a los carburantes, el sector gremial ha incluido en su lista de preocupaciones la situación actual del gas. Este factor se suma a la acumulación de tensiones económicas que han llevado a los dirigentes a considerar que la vía de la movilización es la única alternativa viable para hacer escuchar sus reclamos.
En resumen, la combinación del costo de la electricidad, la incertidumbre generada por la eliminación de la subvención a la gasolina para el 2027 y la problemática del gas, ha creado un caldo de cultivo de malestar generalizado. El sector gremial, coordinado a través de sus federaciones y bajo el liderazgo de figuras como César Gonzáles, se prepara ahora para el ampliado decisivo, que definirá si las últimas dos semanas de noviembre se convertirán en el escenario de movilizaciones masivas en el país.
