Cerca de 20 millones de familias en Brasil reciben mensualmente los transferencias del Programa Bolsa Família, una política federal de transferencia de renta que garantiza un pago mínimo de 600 reales por familia atendida. Esta iniciativa fue creada el 20 de octubre de 2003, durante el primer mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y surgió de la unificación de diversas acciones sociales que operaban de manera separada en el gobierno federal, integrando proyectos elaborados originalmente en el marco del plan Fome Zero.
La implementación del programa se formalizó inicialmente a través de la Medida Provisoria nº 132, que posteriormente fue convertida en la Ley Federal nº 10.836 el 9 de enero de 2004. En sus primeras etapas de ejecución, el beneficio alcanzó a 11 millones de familias que vivían por debajo de la línea de pobreza. De acuerdo con los registros, el programa fue señalado como el responsable de retirar a Brasil del Mapa del Hambre en dos ocasiones. José Graziano da Silva, economista, agrónomo y exministro extraordinario de Seguridad Alimentaria y Combate al Hambre, explicó que la unificación de los instrumentos buscaba mejorar el alcance y la coherencia de la protección social, más allá de un simple cambio de nombre en los programas.
En términos administrativos, el Bolsa Família integró en una sola estructura acciones que previamente tenían reglas y gestiones distintas. Entre los programas absorbidos se encuentran el Bolsa Escola, creado en abril de 2001 con un enfoque educativo; el Bolsa Alimentação, lanzado también en 2001 para el área de salud; el Auxílio-Gás, instituido en 2002 para subsidiar la compra de gas de cocina; y el Cartão Alimentação, vinculado al Programa Nacional de Acceso a la Alimentación. Para la identificación del público objetivo, el programa centralizó la información en el Cadastro Único, una base de datos sobre familias de bajos ingresos que había sido creada en 2001 bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
Este diseño institucional requirió negociaciones entre diversos ministerios, coordinados políticamente por el presidente Lula y con la dirección técnica de la historiadora Ana Fonseca. El profesor de Ciencias Sociales del Centro Universitario Arnaldo Janssen, Luciano Gomes dos Santos, sostiene que el programa consolidó una construcción orientada a enfrentar cuestiones estructurales del país. Según el investigador, la principal innovación fue reunir programas que estaban dispersos en diferentes áreas gubernamentales para responder a problemas fundamentales de Brasil: la pobreza y la desigualdad.
Antes de la unificación de 2003, la estrategia de seguridad alimentaria se basó en el diagnóstico del Proyecto Fome Zero, formulado entre 2001 y 2003 por movimientos sociales, sindicatos y pesquisadores. El estudio determinó que el hambre en Brasil no era consecuencia de la escasez en la producción de alimentos, sino de la falta de renta de la población para adquirirlos. Por ello, se propuso combinar medidas estructurales, como el acceso al agua, la generación de empleo y el estímulo a la agricultura familiar, con medidas emergenciais de acceso a la comida.
Una de las primeras medidas ejecutadas en 2003 fue el Cartão Alimentação, que otorgaba 50 reales mensuales para la compra de comida en ciudades del semiárido, como Acauã y Guaribas en Piauí. En aquel entonces, comités gestores locales formados por residentes seleccionaban a los beneficiarios. Sin embargo, José Graziano da Silva señaló que la operatividad inicial enfrentó obstáculos logísticos, ya que el gobierno debía identificar familias que no figuraban en los registros existentes y adaptar la política a municipios con capacidades administrativas muy variadas.
Con la reglamentación de 2004, el Bolsa Família estableció una parcela básica para personas en extrema pobreza y beneficios variables según la composición familiar, incluyendo a gestantes, nutrices, niños y adolescentes. Entre 2005 y 2010, el modelo incorporó el seguimiento municipal de condicionalidades en salud y educación, además de crear la regla de permanencia, que evitaba el corte inmediato del beneficio si la familia conseguía un empleo formal y superaba temporalmente el límite de renta. Posteriormente, en 2011, bajo la administración de Dilma Rousseff, el programa se integró al plan Brasil Sem Miséria.
Tras la concesión del auxilio emergencia durante la pandemia de 2020, que pasó de 200 a 600 reales, el gobierno de Jair Bolsonaro extinguió el diseño jurídico de 2004 en 2021 para crear el Auxílio Brasil. Este cambio modificó el cálculo de los repases, dividiéndolos en modalidades como el Beneficio de Superación de la Extrema Pobreza, el Beneficio de Composición Familiar y el Beneficio de Primera Infancia, elevando el pago previsto a 600 reales hasta diciembre de 2022.
Finalmente, mediante la Ley nº 14.601 sancionada en junio de 2023 durante el tercer mandato de Lula, se extinguieron las modalidades del Auxílio Brasil y volvió a entrar en vigor el Programa Bolsa Família con su estructura propia, manteniendo el Cadastro Único como criterio de elegibilidad. Sobre este punto, Graziano da Silva enfatizó que las políticas sociales requieren estabilidad institucional y previsibilidad, ya que las familias no pueden vivir en la incertidumbre sobre la continuidad de los beneficios. Asimismo, el exministro rechazó las críticas sobre el llamado "efecto pereza", argumentando que cuestionar el diseño de una política es legítimo, pero atribuir falta de voluntad de trabajo a los beneficiarios es un prejuicio que ha acompañado al programa desde sus inicios.
