Los afectados por el fraude financiero ocurrido en la cooperativa COSAVI han escalado su lucha legal al plano internacional. Juan José Ortiz, representante de los damnificados, informó sobre la presentación de una demanda formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado, fundamentada en presuntas violaciones a los derechos humanos. El anuncio se produce en un contexto de profunda frustración por la falta de respuestas concretas y la ausencia de justicia efectiva en las instancias nacionales.
De acuerdo con Ortiz, la demanda fue interpuesta el pasado 8 de septiembre, coincidiendo con el primer aniversario del accidente aéreo en el que perdieron la vida nueve personas. Entre las víctimas de aquel siniestro se encontraban Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC), y Manuel Coto Barrientos, exgerente de COSAVI. La muerte de Coto Barrientos representó un golpe crítico para el esclarecimiento del caso, ya que él era la máxima autoridad administrativa de la entidad y el testigo directo más importante para desentrañar las dinámicas internas de la red de corrupción y el desvío de fondos.
El impacto económico de este fraude es devastador, ascendiendo a una cifra superior a los 35 millones de dólares. Este monto astronómico estaba compuesto por los ahorros de toda la vida de miles de asociados, quienes confiaron sus indemnizaciones laborales y fondos de retiro a la entidad cooperativa. El desfalco se hizo público el 10 de mayo de 2024; sin embargo, transcurridos más de dos años desde que los ahorrantes comenzaron a luchar por su dinero, muchos de ellos se encuentran en situaciones críticas de salud y urgencia económica, sin haber recibido una solución definitiva.
La decisión de acudir a la CIDH surge tras el agotamiento de las vías legales internas. Ortiz señaló que los afectados presentaron más de cien demandas en los juzgados nacionales, las cuales fueron rechazadas. A juicio de la representación de los afectados, no se ha brindado una justicia pronta ni cumplida, lo que constituye una grave violación a sus derechos. Entre las vulneraciones más graves se destaca la afectación al derecho a la vida, ya que se ha reportado que 15 personas afectadas por el fraude han fallecido sin haber podido recuperar sus ahorros.
En cuanto a las gestiones actuales, se espera que este jueves se brinde una conferencia de prensa para profundizar en los detalles técnicos de la demanda presentada ante el organismo internacional. Asimismo, Ortiz adelantó que para el mes de diciembre se planifica organizar una reunión con los candidatos presidenciales. El objetivo de este encuentro es buscar la firma de un compromiso para la creación de un fideicomiso que sirva como mecanismo para recuperar los ahorros. Esta propuesta ya ha sido presentada formalmente ante la Asamblea Legislativa, pero según denuncian los afectados, ha sido ignorada por el partido Nuevas Ideas.
Sobre las medidas tomadas por el Estado, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) anunció la devolución de montos de hasta 140 mil dólares a los afectados. No obstante, los ahorrantes denuncian que no se les están entregando los intereses generados por sus ahorros, señalando que la SSF se quedaría con dicho dinero. Esta situación ha llevado a Juan José Ortiz a afirmar que no existe voluntad política real para resolver el problema de fondo.
Como antecedentes del caso, el 9 de mayo de 2024, la SSF y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron la intervención de la cooperativa debido a delitos atribuidos a 32 sospechosos, acusados de un desfalco cercano a los 35 millones de dólares. Un dato revelador es que tanto la Fiscalía como la Superintendencia admitieron que COSAVI ya estaba siendo investigada desde el año 2018. Esto implica que existían indicios de irregularidades durante más de seis años antes de que el caso se hiciera público en mayo de 2024.
Por su parte, los afectados sostienen que, hasta el momento de la intervención, COSAVI era percibida como una cooperativa sólida. De hecho, la entidad había iniciado el proceso para convertirse en un banco cooperativo, siguiendo la Ley de Fomento y Desarrollo de las Cooperativas. Según los denunciantes, la documentación necesaria para este cambio estaba siendo evaluada por la SSF justo cuando se anunció la intervención estatal, lo que añade una capa de contradicción a la gestión de las autoridades financieras.
