La culminación del Puente Chacao, una de las obras de infraestructura más ambiciosas y complejas que se ejecutan actualmente en Chile, se ha convertido en una prioridad estratégica para el actual Gobierno. Tras varios periodos presidenciales en los que se fijó la meta de inaugurar la estructura sin lograr concretarlo, el Presidente José Antonio Kast ha establecido como objetivo concluir los trabajos para que la puesta en servicio se haga efectiva a fines de año 2028. Para asegurar que este plazo se cumpla, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), organismo responsable del proyecto, ha implementado una serie de medidas financieras destinadas a dinamizar la ejecución de la obra.
En este contexto, la cartera de Obras Públicas y el consorcio encargado de la construcción —encabezado por la firma surcoreana Hyundai Engineering & Construction (HDEC)— han alcanzado un acuerdo formalizado a través de un decreto que ya cuenta con la razón de la Contraloría General de la República (CGR). Dicho instrumento legal permite que la compañía constructora solicite, por una única vez, un anticipo financiero que podría ascender hasta el 26% del valor vigente del contrato.
La necesidad de este adelanto surge de una solicitud expresa del consorcio, la cual fue comunicada al MOP mediante diversas misivas. El objetivo central es desagregar los hitos de pago originalmente establecidos en el contrato para optimizar el flujo financiero del proyecto. De esta manera, la empresa busca avanzar en las faenas con una menor dependencia de financiamientos externos, mitigando así los riesgos asociados a la liquidez.
Esta urgencia financiera se explica por una brecha considerable entre el progreso físico de la obra y los desembolsos realizados. De acuerdo con fuentes de la industria, mientras que la ejecución física del puente alcanza actualmente un 68,4%, el avance financiero se sitúa en un 45,8%. Esta diferencia indica que las obras han progresado a un ritmo más acelerado que los pagos recibidos por el consorcio, generando una presión sobre el flujo de caja del contratista.
Ante este escenario, el MOP analizó diversas alternativas normativas dentro del marco del contrato. Finalmente, decidió modificar las bases de licitación para facilitar la entrega del anticipo. Considerando que el monto total del contrato para estos efectos es de $769.231 millones, el adelanto podría alcanzar una cifra máxima de $200 mil millones, lo que equivale aproximadamente a US$ 208 millones. Según fuentes conocedoras del proceso, esta medida busca evitar efectos negativos en la situación financiera del contrato y resguardar el interés fiscal, velando por la correcta finalización de un proyecto de tal singularidad técnica.
En cuanto a los plazos operativos, el consorcio dispone hasta mediados de octubre para formalizar la solicitud del adelanto. De aprobarse, los fondos se entregarían en dos cuotas, programándose la segunda entrega para el año 2027. No obstante, el decreto es solo el paso inicial; ahora ambas partes deben suscribir un convenio detallado donde se fijen el monto definitivo, las condiciones de desembolso y el mecanismo de devolución.
Para garantizar la seguridad de estos recursos, el consorcio deberá respaldar íntegramente el monto anticipado mediante pólizas de garantía o boletas bancarias, siguiendo los lineamientos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Además, la entrega de estos fondos conlleva una serie de contraprestaciones y compromisos adicionales por parte del contratista.
Entre las exigencias del MOP se encuentra la implementación de mejoras en las condiciones de seguridad de las obras temporales, lo que incluirá la supervisión de un revisor independiente para reducir el riesgo de accidentes. Asimismo, el consorcio deberá entregar anticipadamente los manuales necesarios para la futura licitación de operación y mantenimiento, e incorporar un modelo BIM (Building Information Modeling) como herramienta de gestión para la futura administración del puente. Un punto clave del acuerdo es que el consorcio deberá renunciar a reclamaciones por un monto de $78.485 millones relacionadas con supuestas exigencias adicionales.
Es importante precisar que este ajuste financiero no implica modificaciones en el monto total del contrato ni en los plazos de entrega establecidos.
Paralelamente a las gestiones financieras, el MOP trabaja en asegurar la conectividad terrestre. El ministerio ha iniciado conversaciones con las concesionarias de la Ruta 5, tanto al norte como al sur del futuro puente, para coordinar que las obras de acceso estén terminadas a tiempo. Se estima que estas obras de acceso, que requieren una inversión superior a los $50.000 millones, comiencen su ejecución durante el primer trimestre de 2027, evitando que se conviertan en un cuello de botella para la puesta en servicio de la megaobra.
