La agencia clasificadora de riesgo Fitch Ratings ha confirmado la calificación crediticia de Chile en “A-”, manteniendo una perspectiva estable para el país. A pesar de este respaldo a la solvencia financiera de la nación, la entidad ha realizado un ajuste significativo a la baja en sus proyecciones de crecimiento económico para el año en curso, reduciendo la previsión desde un 1,6% hasta un 0,7%.
En el análisis detallado publicado este viernes, Fitch Ratings fundamenta la permanencia de la nota soberana en un balance fiscal que califica como “relativamente sólido”. Un punto clave en esta evaluación es la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto (PIB), la cual se sitúa en niveles inferiores a los registrados por otros países que cuentan con una clasificación de riesgo similar, lo que otorga un margen de seguridad financiera al Estado chileno.
La clasificadora subrayó positivamente la sólida gobernanza de Chile y su trayectoria en la implementación de políticas macroeconómicas creíbles. Según el informe, este desempeño ha sido posible gracias al apoyo de un régimen de metas de inflación y la aplicación de un tipo de cambio flexible, herramientas que han permitido al país navegar periodos de volatilidad económica con mayor estabilidad.
Sin embargo, el informe no está exento de advertencias. Fitch Ratings señaló que estas fortalezas institucionales se ven contrarrestadas por debilidades estructurales. Entre ellas, destaca que el ingreso per cápita de Chile sigue siendo bajo en comparación con otras economías comparables. Asimismo, la agencia alertó sobre la elevada dependencia que mantiene el país respecto a las materias primas y señaló que existen indicadores de liquidez y deuda externa que resultan relativamente débiles.
Un apartado relevante del análisis se centró en la agenda económica impulsada por el Gobierno del presidente José Antonio Kast. Específicamente, Fitch evaluó la denominada Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Dentro de las medidas más destacadas de esta normativa, la agencia menciona la reducción gradual del impuesto corporativo, con la meta de alcanzar un 23% para el año 2029, además de la implementación de la reintegración del sistema tributario.
Otro punto focal de la agenda gubernamental es la eficiencia administrativa, con un objetivo explícito de disminuir en un 40% los plazos asociados a la obtención de permisos. Según Fitch, el Ejecutivo pretende que estas medidas representen la fase inicial de una estrategia más amplia que incluya reformas en los mercados de capitales y en el mercado laboral, además de una agilización aún mayor de los trámites burocráticos. La agencia sugiere que, en conjunto, estas acciones podrían elevar la tasa de crecimiento potencial del país, destacando que la posición del Gobierno en el Congreso podría facilitar la aprobación de dicha agenda legislativa.
En materia de disciplina fiscal, Fitch Ratings destacó que el Gobierno está promoviendo una consolidación basada en la contención del gasto. Esta medida surge tras el incumplimiento de las metas de déficit fiscal estructural durante los años 2024 y 2025. En este contexto, los datos revelan que hasta julio los ingresos reales crecieron un 7% interanual, impulsados mayoritariamente por el sector minero, mientras que el gasto registró una contracción del 0,7%.
Bajo este escenario, la clasificadora estima que el déficit fiscal efectivo experimentará una reducción, pasando del 2,7% del PIB registrado en 2025 a un 1,8% en 2026. Se proyecta que esta tendencia continúe durante 2027, favorecida tanto por la contención del gasto público como por los elevados precios del cobre.
Finalmente, respecto a la trayectoria de la deuda pública, Fitch observó que esta se mantuvo estable por primera vez en dos décadas, cerrando el año 2025 en un 41,7% del PIB. Para el presente año, se proyecta un incremento hasta el 42,8%, antes de estabilizarse en torno al 43%. La agencia resaltó que esta cifra es considerablemente menor a la mediana del 59% del PIB que presentan los países con calificación “A”.
El análisis concluye mencionando que el Gobierno aumentó en el segundo trimestre el techo de emisión de deuda para 2026 en US$6.200 millones, situándolo en US$23.600 millones. No obstante, Fitch considera posible que no se utilice la totalidad de este margen debido a que las cuentas fiscales han mostrado una evolución más favorable de lo previsto.
