La empresa de Ingeniería y Construcción Globalmix ha interpuesto un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Chile con el objetivo de revertir un fallo emitido previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago. Dicha resolución judicial había validado una sanción impuesta por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la cual consiste en una suspensión de doce meses del Registro General de Contratistas.
El conflicto legal se centra en una presunta irregularidad detectada en un certificado del Boletín Comercial presentado por la constructora en el año 2022. Según los argumentos presentados por Globalmix, la medida adoptada por la administración es desproporcionada y vulnera directamente su derecho constitucional a ejercer una actividad económica lícita. La empresa sostiene que esta sanción la deja completamente fuera de las licitaciones públicas que se encuentran actualmente en curso, afectando gravemente su operatividad.
El origen de este litigio se remonta a mayo del presente año, cuando la compañía presentó un recurso de protección contra el Ministerio de Obras Públicas. El organismo, liderado por Louis De Grange, había dictado una resolución exenta mediante la cual rechazó un recurso jerárquico interpuesto por el privado. Con esta decisión, el MOP mantuvo la sanción de suspensión del registro de contratistas por el periodo de un año.
En su recurso, la firma Globalmix ha solicitado que la actuación administrativa sea examinada con especial rigor por el máximo tribunal. La empresa argumenta que no se trata de una decisión menor, sino de una medida estatal que puede comprometer la subsistencia económica de una organización cuyo giro principal es, precisamente, la ejecución de licitaciones públicas de obras mayores.
Los hechos que dieron inicio al procedimiento sancionador ocurrieron en 2022, durante dos procesos licitatorios específicos. En aquel entonces, la constructora acompañó un certificado de antecedentes comerciales emitido por la Cámara de Comercio de Santiago con fecha 19 de agosto de 2022. No obstante, este documento fue posteriormente cuestionado por la administración del MOP, bajo el argumento de que no habría sido posible validarlo a través del número de verificación correspondiente al Boletín Comercial.
Ante esto, la empresa sostiene que el Ministerio de Obras Públicas ha mantenido la sanción basándose en una imputación que no fue acreditada con el estándar exigido por el derecho administrativo sancionador. Globalmix afirma que la administración no demostró de manera concluyente que la empresa hubiese falsificado, adulterado o presentado culpablemente un documento irregular. En su lugar, la constructora alega que el expediente muestra una construcción argumentativa basada en la imposibilidad de validar el certificado debido a un sistema de verificación que fue modificado, transformando así una incertidumbre técnica en una imputación sancionatoria de gravedad.
La gravedad de la afectación es subrayada por la empresa debido a que actualmente se encuentra participando en cinco licitaciones públicas. Todas estas cuentan con ofertas formalmente ingresadas en el portal Mercado Público y están vinculadas al Ministerio de Obras Públicas, a la Dirección General de Obras Públicas y a la Dirección de Vialidad. La compañía aseveró que la aplicación inmediata de la sanción podría privarla de continuar en dichos procedimientos, lo que frustraría expectativas contractuales concretas y pondría en riesgo su continuidad económica, señalando que el daño es real, actual y directamente conectado con su giro comercial.
A pesar de estos argumentos, el tribunal de alzada rechazó con costas el recurso de protección interpuesto inicialmente. En su sentencia, la Corte de Apelaciones determinó que la resolución del MOP, fechada el 25 de mayo de 2026, no era ilegal ni arbitraria. El tribunal señaló que la medida fue dictada por la autoridad competente al resolver el recurso jerárquico, confirmando una sanción ejercida bajo la potestad conferida por el artículo 44 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas. Asimismo, indicó que el procedimiento permitió que la empresa fuera oída, aportara antecedentes e impugnara lo resuelto, basándose en hechos acreditados.
Finalmente, Globalmix ha solicitado a la Corte Suprema que deje sin efecto la resolución del MOP o que, en su defecto, ordene retrotraer el procedimiento administrativo. La empresa busca que el Ministerio formule una imputación precisa y garantice un derecho a defensa efectivo antes de aplicar la medida. La compañía fundamenta su petición en la moderna doctrina chilena sobre revisión judicial de sanciones, la cual identifica la anulación y el nuevo pronunciamiento administrativo como la respuesta ordinaria cuando el vicio afecta una decisión discrecional que el juez no puede sustituir válidamente.
