El Banco Nacional (BN) emitió un pronunciamiento oficial este jueves 27 de agosto en relación con la resolución dictada por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública. Dicha resolución se enmarca en el proceso judicial vinculado al caso denominado "Gallo Tapado", el cual ha mantenido la atención de las autoridades judiciales y financieras.
A través de un comunicado, la entidad bancaria manifestó recibir "con satisfacción" la decisión del tribunal, la cual impuso una pena de 30 años de cárcel al exfuncionario Ricardo Alonso Olivas Valle, quien se desempeñaba como tesorero de la institución. La condena responde a la comisión de 33 delitos de peculado, los cuales derivaron en la sustracción de una suma total de ¢3.294 millones.
De acuerdo con los detalles del caso, el monto sustraído provenía del Centro Institucional de Procesamiento de Efectivo (CIPE) del Banco Nacional de Costa Rica. Según la información proporcionada por la entidad, estos hechos se dieron a conocer públicamente en octubre del 2024.
En su postura oficial, el Banco Nacional enfatizó que se considera a sí mismo como la principal víctima de los hechos investigados. La institución señaló que las acciones perpetradas por el extesorero no solo representaron una afectación patrimonial considerable debido al monto del dinero sustraído, sino que también generaron un impacto reputacional para la entidad, afectando la percepción de la institución.
La entidad subrayó que su compromiso con la justicia ha sido constante desde que se iniciaron las indagaciones. En este sentido, el banco aseguró que colaboró estrechamente con las autoridades competentes mediante la entrega de información detallada, documentación pertinente, evidencia técnica y el aporte de testimonios clave. Esta participación activa tuvo como objetivo fundamental defender los intereses institucionales y proteger los recursos que se encuentran bajo su custodia.
Respecto al futuro del proceso, el Banco Nacional indicó que continuará atendiendo todas las etapas procesales que resulten correspondientes a partir de esta resolución. Asimismo, la entidad confirmó que mantendrá su participación activa en otras causas judiciales relacionadas con este caso que aún se encuentran en trámite.
En el comunicado, la institución fue clara al señalar que respaldará todas las acciones legales y administrativas que estén orientadas a la determinación integral de las responsabilidades y, fundamentalmente, a la recuperación de los recursos involucrados en el peculado, siguiendo siempre las disposiciones de las autoridades competentes.
Para la administración del Banco Nacional, la resolución emitida por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública representa un avance significativo en el proceso de esclarecimiento de los hechos y en la correcta determinación de las responsabilidades penales.
Como medida preventiva y correctiva ante lo sucedido, el Banco informó que ha implementado un fortalecimiento de sus mecanismos internos. Estas mejoras se han centrado en las áreas de control, supervisión, gestión de riesgos y gobierno corporativo. El objetivo primordial de estas actualizaciones es robustecer la estructura organizativa para prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
Finalmente, la institución reiteró su voluntad de seguir trabajando junto a la sede judicial para asegurar la recuperación de los fondos sustraídos y continuar involucrada en las demás causas pendientes derivadas de este caso, reafirmando su compromiso con la transparencia y la protección del patrimonio institucional.
