El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha tomado una decisión administrativa relevante al aprobar el otorgamiento de un pago extraordinario destinado a la totalidad de sus colaboradores. La medida consiste en la entrega de una suma de Q2 mil quetzales para cada funcionario, trabajador y magistrado que integra la institución, cerrando así un proceso de discusión que se había extendido durante la última semana.
Esta iniciativa fue impulsada directamente por el magistrado Gustavo Morales Duarte, quien presentó la propuesta basándose en la actual coyuntura económica que atraviesa el país. Según los argumentos expuestos por el magistrado, la medida responde a la necesidad de mitigar el impacto del aumento en los precios de los productos que conforman la canasta básica, así como el incremento en el costo de diversos insumos que son fundamentales para el sostenimiento diario de los hogares de los trabajadores de la institución.
Para llevar a cabo la ejecución de este desembolso, las autoridades judiciales han ordenado la elaboración y emisión de los dictámenes técnicos y financieros pertinentes. Esta responsabilidad ha sido delegada a cuatro áreas clave de la organización: la Gerencia Financiera, el departamento de Recursos Humanos, la Asesoría Jurídica y la Inspección General. La coordinación entre estas dependencias tiene como objetivo asegurar que la entrega del beneficio se realice de forma inmediata, quedando programada para hacerse efectiva durante el transcurso del presente mes de octubre.
Un aspecto relevante de la resolución se encuentra en el punto resolutivo del acta oficial. En dicho documento, se ha dejado establecido explícitamente que esta ayuda económica se aplicará sin excepción alguna para todo el personal perteneciente al Organismo Judicial (OJ). Cabe destacar que el alcance de esta disposición es total, abarcando de forma directa incluso a los propios magistrados que fueron los encargados de autorizar y aprobar el beneficio.
En cuanto al impacto financiero que representa esta medida para las arcas del Estado, las proyecciones sugieren que la erogación total podría oscilar entre los Q24 millones y los Q27.9 millones de quetzales. Esta variación en las cifras depende del registro de la plantilla de empleados que se tome como referencia. De acuerdo con registros previos, la institución contaba con aproximadamente 12 mil empleados, lo que resultaría en un gasto base de Q24 millones de quetzales.
Sin embargo, existen datos más recientes emitidos por la propia institución, los cuales fueron utilizados para el pago de otras prestaciones anteriormente. En dichos registros se contabilizan un total de 13 mil 955 colaboradores distribuidos en todo el territorio nacional. Bajo este escenario más actualizado, la erogación proyectada para el pago de los Q2 mil por persona elevaría la cifra total a casi Q28 millones de quetzales.
Esta nueva asignación económica no constituye un evento aislado, sino que se suma a una serie de beneficios económicos que el personal del sector justicia recibe de manera recurrente a lo largo del año calendario. El Organismo Judicial ha mantenido una tendencia de otorgar remuneraciones adicionales fuera del salario ordinario en diversas etapas del ejercicio fiscal.
Como antecedente más cercano, durante el primer semestre del año en curso, el Organismo Judicial aprobó un desembolso considerablemente mayor. En aquella ocasión, se destinaron Q48.8 millones de quetzales para hacer efectivo el denominado "Bono del Pescado", entrega que se realizó previo a las festividades de Semana Santa. Durante ese periodo, se otorgó una remuneración de Q3 mil 500 a la totalidad de los empleados de la institución, consolidando así una práctica de pagos extraordinarios para el personal administrativo y judicial.
