En una sesión marcada por un amplio consenso político, el Senado de la Nación aprobó este jueves y giró a la Cámara de Diputados dos proyectos de ley fundamentales para la estructura económica y ambiental del país. Se trata de la creación del Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) y la implementación del régimen de mercado de carbono. Ambas iniciativas fueron respaldadas por una mayoría abrumadora de 60 votos a favor, contando únicamente con dos rechazos provenientes de los senadores por la provincia de Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia.
El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) surgió originalmente como una propuesta del jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, representante de Corrientes. El proyecto fue posteriormente adoptado por el oficialismo, encontrando un fuerte respaldo en la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich. El objetivo central de esta norma es fomentar aquellas inversiones que superen los 12 millones de dólares, funcionando como un puente hacia el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), el cual está destinado a proyectos que superan los 100 millones de dólares.
Según explicó Vischi durante su informe en el recinto, la iniciativa busca atraer un flujo constante de capitales, tanto nacionales como extranjeros, a través de incentivos tributarios. El propósito es acelerar el desarrollo económico, fortalecer las cadenas de valor regionales, incrementar las exportaciones de bienes y servicios, y promover la generación de empleo genuino. El senador destacó que la medida apunta a recuperar la confianza para nuevas inversiones, dinamizar las economías regionales y aprovechar la seguridad jurídica para acceder a mercados internacionales en apertura.
Desde el kirchnerismo, si bien se apoyó la iniciativa en términos generales, se presentaron cuestionamientos críticos. El senador Jorge Capitanich, del Justicialista por Chaco, calificó la política de incentivos fiscales como una serie de "parches" permanentes. Capitanich señaló una contradicción en la gestión gubernamental, argumentando que mientras se intenta fomentar la inversión, se estaría destruyendo el aparato industrial. En este sentido, el senador solicitó que los beneficios del RIIR incluyan la reactivación de plantas paralizadas y la ampliación de las ya existentes, además de integrar las cadenas de valor de las economías regionales. Asimismo, reclamó que el costo de los créditos fiscales sea absorbido por la Nación para no afectar los recursos coparticipables.
En cuanto a los detalles técnicos del RIIR, el régimen está dirigido a sujetos comprendidos en el Impuesto a las Ganancias que superen los límites máximos del segundo tramo para la mediana empresa. Se enfoca en inversiones productivas nuevas que se concreten durante los dos primeros años posteriores a la sanción de la ley. Para acceder a los beneficios, las empresas deben comprometer una inversión igual o superior a los 12 millones de dólares, aunque existen excepciones para bienes clave como mallas antigranizo, equipos de riego agrícola y tecnología de alta eficiencia energética, los cuales podrán promocionarse sin importar el monto mínimo. El proceso de adhesión requiere la presentación de un Plan de Inversión detallado mediante declaración jurada, que será evaluado en un plazo máximo de 90 días hábiles.
En paralelo, el Senado sancionó el marco regulatorio para la comercialización de créditos de carbono en territorio argentino. Este proyecto busca promover la inversión en la reducción o remoción de gases de efecto invernadero. La ley define el crédito de carbono como un activo ambiental intangible y patrimonial con individualidad jurídica propia, asegurando que sea independiente del inmueble o recurso natural, lo que garantiza el respeto al dominio originario de las provincias sobre sus recursos.
Para la gestión de estos activos, se crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), una plataforma digital, pública y gratuita supervisada por la Autoridad de Aplicación designada por el Poder Ejecutivo. La normativa exige que todo proyecto cumpla con salvaguardas de integridad técnica y el uso de tecnologías de alta precisión para garantizar la transparencia de los datos. Respecto a la transferencia de créditos al exterior, se requerirá autorización explícita y un ajuste en el Inventario Nacional para proteger la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) de Argentina a través de la Reserva Estratégica Nacional. Finalmente, la propuesta integra estos créditos al mercado de capitales nacional bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), permitiendo su representación digital mediante tokens y su uso como instrumentos financieros.
La jornada legislativa incluyó otros puntos relevantes. Tras la votación del mercado de carbono, se inició el debate sobre la reforma de la ley de salud mental. Previamente, el Senado aprobó por mano alzada una resolución invitando al Papa León XIV a dirigirse a la Asamblea Legislativa durante su visita pastoral entre el 8 y el 11 de noviembre. No obstante, se mencionó que la invitación llega tarde, dado que la agenda del Sumo Pontífice ya había sido cerrada semanas atrás entre el Vaticano y el Gobierno.
Finalmente, la sesión comenzó con la jura de Claudia Cecilia López, quien asume como senadora por la minoría de La Rioja en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto. La figura de Pagotto fue el eje de los discursos de homenaje que se extendieron por más de tres horas, espacio en el cual también se recordó a Norberto Di Próspero, exsecretario general de la Asociación del Personal Legislativo, y al expresidente Néstor Kirchner, en el marco de un nuevo aniversario de su fallecimiento.
