La comisión de Finanzas y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación ha emitido un dictamen a favor del proyecto de ley que busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La iniciativa, que ya había pasado por el Senado, regresa a la Cámara Baja con modificaciones introducidas por el cuerpo legislativo superior que alteran significativamente la estrategia original planteada por el Poder Ejecutivo.
Uno de los puntos más sensibles de la controversia radica en la protección de las autoridades monetarias. El proyecto original enviado por el Gobierno tenía como objetivo central blindar la gestión del actual presidente del BCRA, Santiago Bausili. Para ello, se proponía la exigencia de una mayoría especial de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso para proceder a su destitución. Sin embargo, el Senado introdujo cambios que se contraponen a esta postura del Ejecutivo, eliminando dicho blindaje.
Desde el bloque opositor de Unión por la Patria, los legisladores manifestaron a Infobae que, si bien se mantienen en contra del espíritu general del proyecto, no plantearán modificaciones adicionales al despacho. Un diputado encargado del análisis de la norma explicó que el cambio introducido por el Senado "lo mejoró porque lo ordena en lo que tiene que ver con las autoridades".
En cuanto a los tiempos legislativos, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) tiene la intención de trasladar el proyecto al recinto el próximo 12 de noviembre. Se prevé que sea tratado junto a otros temas que hayan obtenido dictamen para esa fecha, destacándose hasta el momento el proyecto de ley de Defensa de Soberanía Nacional, vinculado a la cuestión de Malvinas.
La sesión de comisión no estuvo exenta de tensiones políticas. La oposición aprovechó el espacio para cuestionar al oficialismo por el ingreso al país de Flávio Bolsonaro. La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, señaló que el oficialismo debería reconocer que algunos de los planteos opositores fueron ratificados en el dictamen proveniente del Senado. Posteriormente, Selva cuestionó la habilitación de entrada a Argentina de una persona requerida por la justicia de Brasil, preguntando directamente al diputado misionero de LLA, Diego Hartfield, si Santiago Caputo había facilitado el ingreso de Bolsonaro en su provincia. Esta intervención fue respondida por el oficialismo entre gritos y la intervención de la diputada Lilia Lemoine, quien exigió explicaciones sobre el caso de Evo Morales.
En el plano técnico, la reforma introduce cambios sustanciales en el Artículo 3 de la iniciativa. El texto establece motivos concretos para una eventual destitución de las autoridades, definiendo como causal una "falta grave y evidente en el cumplimiento de las funciones", la cual deberá estar respaldada por hechos determinados y verificables. El procedimiento previsto requiere que el Poder Ejecutivo dicte un decreto y que ambas cámaras del Congreso avalen la medida. En la versión original, se exigía una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes en cada cuerpo. Además, la reforma elimina la intervención de la comisión bicameral creada en 2010 durante el conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Martín Redrado.
Asimismo, la nueva redacción quita al Poder Ejecutivo la facultad de apartar unilateralmente a las autoridades monetarias, obligando a que cualquier decisión se ajuste a las causales establecidas y se acredite la falta invocada. Otras modificaciones administrativas incluyen la eliminación de la presencia de un delegado del Ministerio de Economía en las reuniones del Directorio del Banco Central, así como la supresión de la obligación de que la entidad se pronuncie previamente sobre los efectos de las operaciones de endeudamiento externo en la balanza de pagos, paso que el Gobierno considera una exigencia administrativa sin influencia en las definiciones reales.
En materia financiera, la reforma propone un mecanismo temporal para el ordenamiento del balance del BCRA. Mientras el Estado nacional mantenga pendientes las letras intransferibles y los adelantos transitorios, una porción de las ganancias anuales se destinará exclusivamente a cancelar estas obligaciones. Los adelantos transitorios extenderán sus plazos de vencimiento automáticamente hasta su pago total, mientras que las letras intransferibles conservarán los términos de emisión y las previsiones de la ley de presupuesto.
Finalmente, se modifican las condiciones de distribución de resultados al Estado nacional. Solo podrán girarse utilidades líquidas y realizadas, excluyendo los resultados derivados de cambios en la cotización de divisas o variaciones en el precio del oro, los cuales deberán incorporarse al capital de la entidad. Los resultados no concretados quedarán en una reserva especial. El nuevo artículo 38 fija además que la reserva general y las de resultados deben representar al menos el 50% del capital del Banco, y que cualquier transferencia autorizada solo podrá aplicarse al pago de deuda pública. El objetivo es evitar que el Tesoro reciba recursos basados en ajustes contables por la suba del dólar, práctica que el Gobierno identifica como una debilidad aplicada por administraciones anteriores y también por la actual.
