El sistema de pensiones en Chile enfrenta un nuevo escenario de cuestionamientos tras revelarse que el Fondo E, la alternativa de inversión más conservadora del sistema, acumuló una caída real del 10,39% entre los meses de enero y septiembre. Este resultado impacta directamente en los ahorros destinados a financiar la vejez de miles de personas, lo que ha puesto el foco sobre la gestión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la eficacia de la fiscalización estatal.
La magnitud de estas pérdidas en el fondo diseñado para minimizar riesgos exige, según el análisis de la situación, que se esclarezcan las responsabilidades de las AFP. No obstante, esta tarea se presenta como un desafío complejo para la Superintendencia de Pensiones. El ente regulador deberá navegar entre dos premisas que se encuentran en tensión constante: por un lado, el hecho de que el cumplimiento de los límites de inversión no agota necesariamente el deber de diligencia del administrador; por otro lado, el reconocimiento de que las pérdidas económicas, por sí solas, no constituyen una prueba suficiente para acreditar el incumplimiento de dicho deber.
En medio de este contexto técnico, se ha desarrollado un intercambio político intenso. Las reacciones han variado desde declaraciones basadas en la sensatez hasta propuestas que rozan el delirio, incluyendo renovados intentos de desinstitucionalización del sistema. Ante este clima de estridencias, surge la necesidad de que quienes ejercen la política con seriedad se centren en una doble discusión fundamental que precede a cualquier intento de reforma superficial.
En primer lugar, cualquier proceso de investigación hacia el administrador debe ir acompañado de un examen riguroso sobre el apego a las reglas y la oportunidad con la que actuó el organismo fiscalizador. Es fundamental recordar que las responsabilidades privadas y las públicas no son excluyentes, sino que suelen coexistir. Los entes fiscalizadores y sus funcionarios, al igual que los ejecutivos de entidades privadas, toman decisiones basadas en información que a menudo es incompleta y operan bajo diversos incentivos y presiones.
El hecho de que el fin social de estas instituciones sea la protección del interés público no garantiza que su desempeño sea perfecto. Por ello, la confianza depositada en estos organismos debe estar respaldada por capacidades verificables y la implementación de controles externos efectivos.
En segundo lugar, este episodio pone de relieve la urgencia de revisar la arquitectura regulatoria concreta del sistema. Se reconoce que el mercado de pensiones, por su naturaleza, requiere de una regulación estricta. Sin embargo, el problema surge cuando se olvida que las normas no son elementos externos al sistema económico, sino que forman parte integral de él. Las reglas modifican los incentivos, distribuyen los riesgos y condicionan las decisiones de los actores involucrados; por lo tanto, la calidad de una norma se mide precisamente por esos efectos.
Existe un riesgo latente cuando se asume que el cumplimiento escrupuloso de una regla garantiza un buen resultado. Una normativa puede estar mal diseñada desde su origen y, aun siendo aplicada al pie de la letra, generar consecuencias negativas. Una regulación deficiente puede incluso agravar los problemas que pretendía corregir, induciendo conductas no deseadas, ocultando riesgos reales o generando expectativas de transparencia que el sistema es incapaz de satisfacer.
Estos elementos deben integrar el debate actual sobre las AFP, complementando la pregunta sobre la responsabilidad individual de las administradoras. La política seria requiere investigar si los controles estatales estaban atendiendo acertadamente al riesgo y si el ejercicio de la función fiscalizadora se ajustó a las exigencias normativas, ponderando los resultados de las inversiones sin dar por acreditadas fallas de manera automática.
En conclusión, determinar la responsabilidad de las AFP es un asunto delicado e insoslayable si el objetivo es proteger los ahorros de los chilenos. Si el interés fuera simplemente desmantelar el sistema, estos detalles regulatorios pasarían a segundo plano. Sin embargo, para quienes buscan conservar el sistema protegiendo a los ciudadanos, es imperativo preguntarse qué se está haciendo al regular y cómo se verifica que dicha regulación funcione. Resolver cada crisis simplemente agregando nuevas facultades, sin evaluar el diseño y el uso de las ya existentes, provoca que el sistema aprenda poco y se hunda más.
