La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido una advertencia contundente sobre la gestión de los recursos provenientes del canon de explotación de Puerto Caldera. Según el organismo fiscalizador, los proyectos financiados con estos fondos no están garantizando el fortalecimiento del turismo en la provincia de Puntarenas, debido a graves deficiencias en la selección de las obras, el control de los costos y la evaluación de los resultados obtenidos.
De acuerdo con el informe técnico DFOE-CIU-IAD-00004-2026, se determinó que el 70% de los 37 proyectos ejecutados o que se encuentran en desarrollo entre los años 2016 y 2026 no contribuyen efectivamente a la actividad turística de la provincia. Esta cifra pone de relieve una desconexión entre el destino legal de los fondos y la ejecución real de las obras.
El análisis financiero revela que, entre octubre de 2006 y abril de 2026, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) recibió aproximadamente $41,1 millones provenientes de este canon. Dichos recursos han sido administrados a través del fideicomiso 1026 INCOP-ICT-BNCR. Sin embargo, la Contraloría concluyó que estas inversiones no han sido eficaces ni económicas en su contribución al turismo, ya que se desconoce el aporte real al desarrollo de la zona y no se ha garantizado la contratación de obras a precios razonables ni en cantidades óptimas.
Uno de los puntos más críticos señalados por la CGR es la falta de una metodología de evaluación. El Incop no ha establecido de manera consistente los resultados turísticos esperados para cada proyecto, ni ha evaluado su cumplimiento una vez finalizadas las inversiones. Esto impide determinar de forma objetiva y verificable si las obras realmente aportan al desarrollo turístico de Puntarenas.
Asimismo, la auditoría cuestionó los procesos de priorización de las iniciativas. Los criterios utilizados no aseguran que los proyectos respondan a los objetivos del canon ni a la estrategia nacional de turismo. Si bien el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) participa en el proceso y ha emitido documentos sobre la vocación turística en 11 casos entre 2016 y 2026, no existe una herramienta cuantitativa que permita medir el efecto esperado de las inversiones o comprobar su contribución real.
En cuanto a la distribución territorial, la Contraloría identificó una concentración injustificada de recursos. De los 14 centros de desarrollo turístico (CDT) identificados, solo cinco concentraron el 75,64% de los recursos asignados. En contraste, otros cinco centros no recibieron financiamiento alguno, a pesar de encontrarse en zonas con alta densidad de atractivos turísticos, como es el caso de Bahía Ballena (30 atractivos), Cóbano (24) y Jacó (12).
La disparidad en la asignación de recursos entre los centros de desarrollo turístico alcanzó una cifra cercana a los ¢5.000 millones, sin que existiera una fundamentación técnica que justificara tal diferencia. Esta situación se extiende a nivel distrital: de los 60 distritos de Puntarenas, solo 13 recibieron fondos del canon. La CGR subrayó que no encontró evidencia de que se priorizaran los distritos con menor índice de desarrollo social ni que se aplicaran criterios socioeconómicos para justificar los territorios beneficiados.
El centro de desarrollo turístico de Puntarenas fue el mayor beneficiario, concentrando el 24,97% de los recursos. El portafolio de inversión a febrero de 2026 mostraba que, de 14 proyectos distribuidos en cinco cantones, la mitad se ubicaba únicamente en el cantón central de Puntarenas, limitando la distribución de los beneficios turísticos entre diversas comunidades.
Finalmente, el informe detectó fallas graves en la planificación económica. En 11 proyectos se hallaron variaciones en las cantidades de insumos de hasta un 220%, producto de debilidades en la planificación que obligaron a modificar actividades durante la ejecución. Además, siete proyectos registraron incrementos en la estructura de precios de hasta un 56% respecto al monto contractual original. La Contraloría advirtió que, en ninguno de los 26 proyectos examinados, existía una base confiable para determinar si los precios eran razonables, citando la falta de cotizaciones previas y presupuestos desagregados.
Ante estos hallazgos, la CGR ordenó a la Comisión Interinstitucional del fideicomiso ajustar la metodología de selección de proyectos para priorizar el énfasis turístico y la cobertura territorial. A su vez, la Gerencia General del Incop deberá implementar un procedimiento que garantice la trazabilidad de las soluciones, los precios y el seguimiento de los costos durante todo el ciclo de vida de las obras.
