Cientos de personas provenientes de los departamentos de Santander y Norte de Santander se manifestaron el pasado 13 de noviembre en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de protestar contra las decisiones del Gobierno Nacional liderado por Abelardo de la Espriella. Las organizaciones ambientalistas y diversos movimientos sociales denuncian la intención del Ejecutivo de entregar el páramo de Santurbán a empresas multinacionales dedicadas a la minería, una acción que, según los manifestantes, pone en riesgo crítico el suministro de agua para millones de colombianos.
La movilización, que se desarrolló de manera pacífica, tuvo como punto central la sede del Ministerio de Ambiente. Los manifestantes exigieron que el Gobierno cumpla con una sentencia judicial vigente. Dicha tutela obliga a la administración actual a reabrir el proceso de consulta y a dejar en firme la resolución correspondiente a las áreas de reserva definitiva en la microcuenca baja de Santurbán. El cumplimiento de este fallo judicial es visto por las comunidades como la única vía legal para cerrar definitivamente la puerta al megaproyecto minero Soto Norte, impulsado por la multinacional canadiense Aris Mining.
Durante la jornada, los asistentes expresaron su rechazo a la narrativa que plantea una elección entre dos tipos de extractivismo. «No nos van a poner a escoger entre el veneno de la minería ilegal o el de la multinacional; nosotros escogemos defender nuestra agua, y la obligación del gobierno es proteger integralmente Santurbán y el agua de más de dos millones de personas», declararon varios de los manifestantes que viajaron desde sus regiones para hacer escuchar su voz en la capital.
Mayerly López, integrante del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, señaló la grave falta de apertura del Gobierno Nacional hacia las comunidades afectadas. Según López, hasta la fecha no se han establecido canales de comunicación efectivos y, por el contrario, el Gobierno ha implementado acciones para romper cualquier posibilidad de diálogo. La representante denunció que funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente desconocieron a los manifestantes durante la jornada. Ante este panorama, López confirmó que las movilizaciones continuarán mientras esperan la decisión de un juez respecto a las medidas cautelares solicitadas.
El malestar social se fundamenta en una serie de medidas administrativas recientes que han reducido la protección de los ecosistemas de páramo. Hace tres meses, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, derogó una resolución que delimitaba aproximadamente 1.500 hectáreas como reserva natural. Esta decisión es percibida como un beneficio directo para Aris Mining, empresa que posee un título minero en la zona.
Asimismo, se denunció un retroceso en los compromisos ambientales heredados del gobierno anterior. Mientras que el expresidente Gustavo Petro había firmado la Resolución 0970 para extender la reserva temporal de protección del páramo de Santurbán hasta marzo de 2029, el presidente Abelardo de la Espriella derogó este resguardo especial, adelantando su finalización para el año 2027. Esta modificación afecta más de 75.400 hectáreas delimitadas como zona de reserva de recursos naturales en los municipios de California y Vetas, en el departamento de Santander, un área fundamental para el abastecimiento del acueducto de Bucaramanga.
A estas medidas se suma la revocación de la Resolución 0994. El Ministerio de Ambiente justificó esta decisión argumentando que existían fallas en el proceso de consulta pública realizado en el municipio de California. Esta acción administrativa ha sido uno de los detonantes principales de las protestas frente a la sede del ministerio.
Finalmente, las organizaciones sociales destacan una contradicción política. Mientras que el Gobierno ha emitido pronunciamientos públicos asegurando su voluntad de proteger el páramo, las acciones administrativas y la derogación de resoluciones sugieren lo contrario. Los manifestantes recordaron que, durante su campaña electoral, Abelardo de la Espriella prometió impulsar la minería y el fracking «a lo que dé». Resulta paradójico para las comunidades que el actual mandatario haya ganado las elecciones presidenciales precisamente en los departamentos de Santander y Norte de Santander, regiones que hoy denuncian una traición a sus recursos hídricos.
