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Cuestionan proyecto que posterga instalación de SLEP y flexibiliza gestión de municipios

Un proyecto que debilita la nueva educación pública y no resguarda la calidad

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Cuestionan proyecto que posterga instalación de SLEP y flexibiliza gestión de municipios

Un reciente proyecto de ley aprobado en el Congreso, orientado a flexibilizar y postergar la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), ha generado fuertes críticas debido a que, según diversos análisis, podría debilitar el sistema de educación pública en lugar de fortalecerlo. Aunque la iniciativa ha sido presentada oficialmente como un ajuste razonable del cronograma para garantizar mejores condiciones en los traspasos y priorizar la calidad educativa, expertos advierten que no se trata de un simple cambio de calendario, sino de una medida que reduce drásticamente las exigencias para que los municipios continúen gestionando los establecimientos escolares.

Xavier Vanni, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, sostiene que el proyecto permite que la mayoría de los municipios que aún no se han integrado a la reforma puedan postergar el traspaso de sus escuelas a los Servicios Locales hasta el año 2035. Lo más preocupante de esta medida, señala Vanni, es que se realiza sin imponer exigencias reales de calidad educativa. En la práctica, se ha eliminado el requisito de desempeño educativo que estaba vigente para que un municipio pudiera seguir administrando las escuelas.

Actualmente, para mantener la gestión educativa, bastaría con que un municipio no presente deudas previsionales y logre un 90% de asistencia de los estudiantes, una cifra que se sitúa en niveles similares al promedio histórico del sistema educativo. Ante este escenario, surge el cuestionamiento sobre por qué un municipio que no ha demostrado un alto desempeño educativo debería tener la facultad de postergar su ingreso al SLEP, concluyendo que la nueva ley no resguarda efectivamente la calidad de la enseñanza.

Además del impacto en los estándares educativos, el proyecto deteriora las condiciones de instalación de los nuevos SLEP. El texto legal permite que los municipios posterguen el traspaso hasta pocos meses antes de la fecha límite, lo que impide que los Servicios Locales puedan planificar el proceso con eficiencia. Al desconocer hasta el último momento qué escuelas estarán bajo su gestión, se incrementa la incertidumbre laboral para los docentes y los asistentes de la educación, generando además confusión entre las familias.

Esta falta de planificación conlleva consecuencias operativas graves. El investigador del CIAE advierte que se provocarán severos problemas en la planificación presupuestaria y en la gestión de personas. Asimismo, se verán afectados servicios básicos que ya han sido licitados, tales como el transporte escolar, la provisión de insumos, la mantención de los recintos y la infraestructura general, entre otros aspectos críticos para el funcionamiento diario de las escuelas.

Desde una perspectiva institucional, la ley debilita la confianza en la reforma al poner en duda la capacidad de los SLEP para entregar una educación de calidad. Esta postura choca con los datos disponibles, los cuales indican que los SLEP que llevan más tiempo implementados han alcanzado mejores resultados educativos que sus contrapartes municipales. La prolongación de un sistema de educación pública híbrido por casi una década más fragmentaría el sistema, generando costos de gobernanza, pérdida de economías de escala y desigualdades en las reglas y estándares aplicados a estudiantes y docentes dentro de un mismo territorio.

Finalmente, el análisis destaca que, mientras la evidencia señala que la colaboración es fundamental para un mejoramiento educativo sostenido, el proyecto de ley promueve la competencia entre los establecimientos gestionados por los SLEP y aquellos que permanecen bajo administración municipal. En lugar de aprovechar las capacidades y experiencias de las escuelas municipales para potenciar los nuevos Servicios Locales, la ley opta por un camino de división. El desafío planteado es corregir los problemas de gestión y mejorar la implementación de la Nueva Educación Pública para convertirla en un orgullo nacional, evitando el retorno a un modelo municipal que ya ha demostrado haber alcanzado sus límites.

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