La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte tomó una decisión determinante este viernes respecto a la situación legal de Delvinson De la Cruz Sosa, ampliamente conocido bajo el alias de «Debisom». El tribunal impuso al imputado una garantía económica ascendente a un millón de pesos dominicanos (RD$1 millón), además de dictar una medida de impedimento de salida del país.
La determinación judicial se produjo durante la tercera comparecencia programada para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción. Tras conocerse el fallo, el joven de 29 años abandonó el recinto judicial visiblemente afectado, saliendo llorando del tribunal luego de que se establecieran las condiciones de su libertad restringida.
Durante el proceso, el Ministerio Público había mantenido una postura más severa, solicitando formalmente tres meses de prisión preventiva contra De la Cruz Sosa. La representación fiscal atribuye provisionalmente al imputado la presunta comisión de delitos graves, específicamente terrorismo y amenazas dirigidas contra el presidente de la República, Luis Abinader.
La génesis de esta investigación judicial se remonta a una denuncia previa sobre supuestas amenazas proferidas contra el jefe de Estado. Según consta en la documentación judicial que permitió la ejecución de allanamientos, las autoridades se encontraban investigando la existencia de un plan coordinado para ejecutar un atentado contra el mandatario. El objetivo del presunto ataque estaba fijado para el 6 de noviembre de 2026, coincidiendo con los actos conmemorativos del Día de la Constitución que se llevan a cabo anualmente en la sede del Congreso Nacional.
En el marco de las pesquisas, el Ministerio Público contó con el respaldo de diversos organismos de inteligencia para llevar a cabo intervenciones tácticas. Estas acciones incluyeron allanamientos en dos puntos estratégicos: un apartamento ubicado en el sector Vista del Valle, donde reside el imputado, y la Ferretería Molina, establecimiento comercial donde De la Cruz Sosa desempeñaba sus labores. Durante estos operativos, las autoridades ocuparon diversos dispositivos electrónicos y sustancias químicas, los cuales fueron trasladados para una evaluación pericial exhaustiva con el fin de determinar su naturaleza y propósito.
De acuerdo con los elementos de la investigación que han sido divulgados, las autoridades no limitan su búsqueda únicamente al imputado, sino que procuran establecer la participación de otras nueve personas que formarían parte de una supuesta estructura organizada. El expediente judicial señala que los involucrados habrían empleado plataformas digitales para la coordinación de sus acciones. En este sentido, se sostiene que Delvinson De la Cruz Sosa presuntamente administraba un grupo en la aplicación de mensajería Telegram denominado «Trinitarios Élite», el cual habría servido como centro de comunicación para el grupo.
El camino procesal hasta llegar a la decisión de este viernes no estuvo exento de contratiempos, registrando dos aplazamientos previos. El primer retraso se debió a una solicitud de tiempo adicional presentada por la defensa, con el objetivo de conocer a fondo el contenido del expediente. El segundo aplazamiento ocurrió debido a una complicación en la representación legal, luego de que el abogado particular del imputado renunciara a continuar con el caso. Ante la ausencia de un representante privado, el tribunal dispuso que el imputado fuera asistido por la Defensoría Pública para garantizar su derecho al debido proceso.
Por su parte, Delvinson De la Cruz Sosa ha rechazado categóricamente todas las acusaciones vertidas en su contra. El imputado aseguró ante los periodistas presentes que no existía ningún plan de atentado contra el presidente de la República. Según su versión, su única intención era convocar a una manifestación pacífica durante la conmemoración del Día de la Constitución, negando cualquier vinculación con actividades terroristas o violentas.
