El diputado Orlando Blanco, quien se desempeña como cuarto secretario del Congreso, sostuvo una reunión de trabajo con el Ministerio de Educación (Mineduc) con el objetivo primordial de fiscalizar el proceso de implementación del Decreto Ley 4-2026. Esta normativa legal tiene como propósito central la restitución de la carrera de magisterio en el nivel diversificado, una medida que busca reorganizar la formación de los futuros docentes del país.
Durante el encuentro, el parlamentario analizó el estado actual de la ejecución de dicha ley y señaló que los principales obstáculos que enfrenta el proceso no se encuentran en la redacción o el contenido técnico de la normativa, sino que radican en deficiencias relacionadas con la comunicación y en diversos procedimientos administrativos internos del Ministerio de Educación. Según Blanco, es imperativo que el Mineduc optimice su gestión operativa para que la transición hacia el nuevo modelo educativo sea efectiva y sin contratiempos.
Para comprender la relevancia de esta medida, el legislador recordó el contexto histórico ocurrido en el año 2012. En aquel entonces, la carrera de magisterio fue suprimida para ser sustituida por un bachillerato en educación. No obstante, el diputado Blanco fue enfático al afirmar que dicha sustitución no funcionó según lo previsto. A juicio del parlamentario, este cambio generó un impacto negativo que se traduce hoy en un déficit considerable de personal docente calificado para cubrir plazas fundamentales en diversas áreas del sistema educativo.
Entre las áreas más afectadas por este déficit de personal se encuentran la educación preprimaria y primaria, así como especialidades críticas como la educación física, las bellas artes y las artes plásticas. La restitución del magisterio a través del Decreto Ley 4-2026 pretende, precisamente, llenar esos vacíos formativos y asegurar que las escuelas cuenten con maestros debidamente preparados en estas disciplinas.
Sin embargo, la implementación no ha estado exenta de tensiones. El legislador reconoció que existe una resistencia manifiesta por parte de los docentes que laboran actualmente en las escuelas normales. Este temor se fundamenta en la posibilidad de ser desplazados laboralmente ante la contratación de nuevo personal que se incorpore bajo el nuevo esquema de formación magisterial.
A esta resistencia se suman dudas logísticas considerables. El diputado indicó que persisten interrogantes sobre los procesos de traslado y las convocatorias dirigidas a los maestros que actualmente están presupuestados bajo el renglón 011. Específicamente, existe incertidumbre sobre los pasos a seguir para aquellos docentes que deseen optar a puestos bajo la nueva modalidad temporal, la cual se rige por el renglón 021.
A pesar de estos desafíos administrativos, el Mineduc ha proporcionado datos que muestran avances en la planificación. De acuerdo con la información entregada al diputado Blanco, ya se han identificado cerca de 41 establecimientos educativos que estarían listos para iniciar operaciones bajo este modelo el próximo año.
El interés de la juventud por retomar esta formación es evidente. Las cifras reportadas indican que aproximadamente 3,000 jóvenes ya se encuentran preinscritos en el programa. Asimismo, se informó que unos 9,000 candidatos participaron activamente en los procesos de convocatoria docente, lo que demuestra una demanda latente por la profesionalización magisterial.
El nuevo modelo educativo propuesto introduce cambios estructurales significativos en la carga horaria. A diferencia de la jornada tradicional de cinco horas, el nuevo esquema contempla una jornada completa de ocho horas diarias. Además, con el fin de incentivar la matrícula y asegurar la permanencia de los estudiantes, el modelo incluye un componente de apoyo económico destinado a quienes opten por cursar la carrera de magisterio.
Finalmente, el diputado Blanco se pronunció sobre las corrientes dentro del Congreso que han propuesto dejar la normativa en pausa o aprobar prórrogas en su aplicación. El legislador advirtió firmemente que detener el proceso pondría en grave riesgo el objetivo fundamental de recuperar la formación magisterial en el país. Ante esta situación, instó a las autoridades a ordenar los procedimientos administrativos y a corregir los vacíos existentes mediante la creación y aplicación de un reglamento adecuado que brinde seguridad jurídica y operativa a todos los involucrados.
