La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) retomó sus sesiones ordinarias este viernes 13 de noviembre, poniendo fin a un periodo de varias semanas sin reunirse. El reinicio de las actividades ocurrió en un contexto de tensión jurídica, debido a que el Consejo de Gobierno decidió prorrogar el nombramiento de Roger Rivera Mora como representante sindical pro tempore, a pesar de que la Sala Constitucional había anulado previamente su designación temporal.
La decisión del Ejecutivo fue formalizada el pasado 11 de noviembre mediante la aprobación de una prórroga fundamentada en una reforma reglamentaria que había sido publicada en el diario oficial La Gaceta apenas dos días antes. Esta medida permite que Rivera permanezca en el cargo de manera provisional mientras se completa el trámite de nombramiento de la persona elegida formalmente por el movimiento sindical. El decreto correspondiente fue suscrito por el primer vicepresidente de la República, Francisco Gamboa, y por Rodrigo Chaves, quien desempeña las funciones de ministro de la Presidencia y de Hacienda.
Esta acción gubernamental ocurre en medio de un conflicto persistente sobre la representación sindical en el organismo de seguridad social. Desde el 9 de junio, los sindicatos eligieron a la exdiputada del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro Molina, para ocupar el puesto de representante ante la Junta Directiva de la CCSS. No obstante, hasta la fecha, el Consejo de Gobierno no ha procedido con su juramentación.
Según la certificación PR-SCG-CERT-0227-2026 de la Secretaría del Consejo de Gobierno, la prórroga de Rivera Mora finalizará una vez que se formalice el nombramiento y la juramentación del nuevo representante sindical. Sin embargo, este camino ha estado marcado por resoluciones judiciales. El pasado 24 de septiembre, la Sala Constitucional anuló la designación temporal de Rivera y ordenó expresamente que se tramitara la designación de Rocío Alfaro. En su resolución n.° 2026036620, el tribunal determinó que el Ejecutivo no posee la facultad de objetar las designaciones realizadas por los sectores laboral y patronal, basándose en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
Durante la sesión ordinaria número 9615 de la Junta Directiva, el director jurídico de la CCSS, Gilbert Alfaro, explicó que el Poder Ejecutivo utilizó las facultades otorgadas por el nuevo artículo 6 bis del reglamento para extender el nombramiento anterior. Esta explicación no logró disipar las inquietudes de los directivos, quienes manifestaron dudas sobre la constitucionalidad de dicha reforma y las posibles repercusiones legales para los acuerdos adoptados por la Junta.
Una de las preocupaciones principales expresadas por los directivos fue si una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma podría provocar la nulidad de los acuerdos aprobados durante las sesiones en las que Rivera Mora participó. Ante esto, el director jurídico respondió que, dado que la normativa se encuentra vigente, las actuaciones de la Junta se sustentan en el ordenamiento jurídico actual. Alfaro señaló que una anulación posterior del reglamento no invalidaría necesariamente los acuerdos, aunque aclaró que los efectos finales dependerían de lo que resuelva la Sala Constitucional. Debido a la sensibilidad de algunos temas, parte de la discusión de la sesión se llevó a cabo de manera reservada por tratarse de asuntos confidenciales.
El origen de esta disputa se remonta al 9 de junio de 2026, cuando el Movimiento Sindical Costarricense eligió a Rocío Alfaro Molina como representante titular y a Martha Rodríguez González como suplente. El 24 de junio, el Consejo de Gobierno rechazó ambos nombramientos, cuestionando el cumplimiento de requisitos de honorabilidad, competencia en materias económico-sociales y la existencia de posibles conflictos de interés.
Ante la falta de representación sindical, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, sugirió solicitar un nombramiento temporal. Esto llevó a que el 12 de agosto de 2026 el Consejo de Gobierno nombrara a Roger Rivera Mora como representante pro tempore, permitiéndole participar en la sesión del 18 de agosto, aun cuando la Sala Constitucional ya había anulado el acuerdo que rechazaba a Alfaro.
Finalmente, el 9 de noviembre, el Gobierno modificó las reglas de integración de la Junta Directiva mediante el decreto ejecutivo N.° 45985-MP. Esta nueva normativa permite extender provisionalmente el nombramiento del último representante titular válido cuando un sector carezca de representación. El procedimiento dicta que la Secretaría del Consejo de Gobierno debe consultar primero al anterior representante titular y, si este acepta, se formaliza la prórroga. En caso negativo, se consulta al suplente y, si ninguno acepta, el Gobierno puede aplicar un mecanismo excepcional de nombramiento provisional con participación del sector afectado.
