El Gobierno Nacional ha intensificado sus gestiones políticas con el objetivo de aprobar el Presupuesto 2027, admitiendo una serie de nuevas concesiones en partidas críticas para el sector de las universidades, el área de Discapacidad y la ejecución de obras destinadas a las provincias. Desde la Casa Rosada han confirmado que los fondos destinados a las prestaciones de Discapacidad estarán garantizados, mientras que buscan cerrar un entendimiento con las instituciones universitarias que combine un incremento de recursos con modificaciones en el régimen de contribuciones patronales administrado por ARCA.
El cronograma parlamentario ya tiene fechas definidas. El oficialismo apunta a que el proyecto sea votado en la Cámara de Diputados el miércoles 25 de noviembre, para luego trasladar su tratamiento al Senado durante las sesiones extraordinarias de diciembre. Para alcanzar este objetivo, el Ejecutivo sostiene que ya ha incorporado obras reclamadas por diversos gobernadores y se muestra abierto a aceptar nuevas modificaciones que aseguren los respaldos legislativos necesarios. Esta estrategia de negociación integra partidas presupuestarias, beneficios impositivos y compromisos políticos con los mandatarios provinciales. Aunque en Balcarce 50 consideran que se ha avanzado lo suficiente para reunir una mayoría en la Cámara baja, reconocen que aún existen conversaciones abiertas con distintos bloques y que tales concesiones deberán quedar plasmadas en la redacción final del texto.
Uno de los puntos más sensibles de la negociación es la garantía de fondos para Discapacidad. La Casa Rosada busca resolver uno de los conflictos más agudos con la oposición, el cual ha sido profundizado por resoluciones judiciales y reclamos constantes de prestadores y organizaciones del sector. Si bien existe el compromiso oficial, todavía quedan pendientes precisiones sobre la distribución de las partidas y los mecanismos de actualización, en un contexto donde el Congreso avanza simultáneamente en una legislación sobre pensiones y prestaciones. Este punto tiene su origen en el proyecto enviado por Javier Milei el 15 de septiembre, cuyas modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad generaron fuertes resistencias.
En cuanto al financiamiento universitario, el Ejecutivo mantiene contactos informales para alcanzar un acuerdo que evite que el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario se prolongue durante 2027. La propuesta oficial busca combinar la revisión de partidas con beneficios en las contribuciones patronales que las universidades pagan como empleadoras. En este sentido, el antecedente es el Decreto 645/2023, que estableció una escala gradual de convergencia hacia las alícuotas generales del sector público, previendo una tasa del 13,65% para 2026 y del 14,52% para 2027. Cualquier cambio en este régimen deberá definir qué instituciones serán alcanzadas y cuál será el impacto fiscal resultante.
Desde el sistema universitario, si bien confirman los contactos con el Gobierno, han decidido concentrar sus negociaciones en el Congreso para garantizar que el Presupuesto cubra salarios, funcionamiento e investigación. El Consejo Interuniversitario Nacional ya presentó una propuesta de 11 billones de pesos para 2027, cifra que supera lo previsto inicialmente por el Ejecutivo, argumentando que el proyecto oficial es insuficiente para cubrir las necesidades operativas y la legislación vigente.
Por otro lado, la Casa Rosada busca atender los reclamos económicos de los gobernadores y bloques aliados, incluyendo recursos para obras viales, fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos y beneficios tributarios regionales. Una de las primeras modificaciones concretadas es la prórroga de los regímenes de promoción automotriz y autopartista hasta 2032, impulsada por la bancada del PRO liderada por Cristian Ritondo, extendiendo los beneficios de las leyes 27.263 y 27.686. Sin embargo, aún quedan temas pendientes, como las deudas de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, concesiones viales y la solicitud de legisladores de Entre Ríos para reducir el IVA en huevos y derivados.
En el plano organizativo, Gabriel Bornoroni se reunió con representantes de bloques dialoguistas, incluyendo al PRO, UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal. El plan es obtener el dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el martes 17 de noviembre. Económicamente, el proyecto prevé un crecimiento del 4% para 2027, una inflación interanual del 18% y la continuidad del superávit fiscal. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Administración Pública Nacional tendría un resultado financiero positivo de aproximadamente 246.741 millones de pesos, cifra que el Gobierno mantendrá como límite para sus negociaciones.
Finalmente, el Ejecutivo busca llegar al verano con el Presupuesto y la suspensión de las PASO sancionados, enviando una señal de gobernabilidad y compromiso fiscal a los mercados antes de definir los acuerdos electorales nacionales con los mandatarios provinciales.
