La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este jueves uno de los dos decretos ley impulsados por el Gobierno como respuesta a la crisis de la vivienda, derivados del denominado caso Maricarmen. Este movimiento parlamentario sitúa al país ante una situación inédita: la Diputación Permanente ha aprobado un texto similar a otro que previamente fue tumbado por el Pleno, un rechazo que, además, había desencadenado la convocatoria de elecciones.
La razón fundamental por la que el decreto ha logrado salir adelante en esta ocasión reside en la estructura de representación de los órganos. El peso de cada grupo parlamentario es distinto en el Pleno que en la Diputación Permanente, lo que provoca que la mayoría aritmética cambie y permita la aprobación de medidas que en la cámara completa no habrían prosperado.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución, cuando se disuelven las Cortes, las Diputaciones Permanentes mantienen sus funciones hasta que se constituyan las nuevas cámaras. Este órgano, presente tanto en el Congreso como en el Senado, debe estar compuesto por un mínimo de 21 miembros que representen a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica, bajo la presidencia del presidente de la Cámara respectiva.
Entre las competencias clave de la Diputación Permanente se encuentra la capacidad de asumir las funciones del Congreso para convalidar o derogar los decretos ley aprobados por el Gobierno, en un plazo de 30 días tras su promulgación. Asimismo, puede solicitar la convocatoria de un Pleno extraordinario fuera del periodo de sesiones o actuar en situaciones de estado de alarma, excepción y sitio.
El análisis de los datos de la web del Congreso revela que, desde 1979, se han convalidado 57 decretos ley a través de esta vía, aunque 15 de ellos ya se encontraban en vigor antes de la convocatoria electoral, completándose el trámite posteriormente. Al inicio de la democracia, Adolfo Suárez disolvió las Cortes el mismo día que entró en vigor la Constitución. Antes de esos comicios, el Gobierno de la UCD presentó siete reales decretos ley; seis fueron aprobados y uno derogado. Posteriormente, Leopoldo Calvo-Sotelo recurrió a este órgano en 1982 para convalidar nueve decretos, incluyendo medidas sobre el presupuesto de Defensa, Seguridad Social y gastos electorales.
Existe una diferencia marcada en el uso de esta herramienta entre los principales partidos. Mientras que los gobiernos del PSOE han convalidado hasta 40 decretos con las Cortes disueltas, el Partido Popular solo lo ha hecho en dos ocasiones. Durante la etapa de Felipe González, se convalidó un decreto antes de las elecciones de 1986, ocho en 1993 y siete en 1996. Bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobaron seis decretos. En la legislatura de Pedro Sánchez, la frecuencia aumentó: en 2019 se disolvieron las Cortes en dos ocasiones y se sacaron adelante 13 decretos ley, sumando otros dos en 2023 vinculados a la guerra de Ucrania.
Por su parte, los gobiernos del PP han hecho un uso muy limitado de la Diputación Permanente. José María Aznar convalidó un decreto sobre protección familiar en la Seguridad Social antes de las elecciones del año 2000. El único otro caso ocurrió en 2015 con Mariano Rajoy, quien logró la convalidación de un decreto para paliar los daños de un temporal otoñal gracias a la mayoría absoluta del PP en aquel momento.
En la actualidad, el Real Decreto-ley 29/2026, convalidado este 12 de noviembre, representa el tercero aprobado por la Diputación Permanente antes de las elecciones del 29N, tras los decretos sobre la dana de 2024 y las ayudas por la crisis de Oriente Medio.
La composición actual de la Diputación Permanente consta de 69 miembros: 27 del PP, 24 del PSOE, 6 de Vox, 6 de Sumar, y un representante cada uno de ERC, Junts, Bildu, PNV y el Grupo Mixto. Sumando a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el PSOE cuenta con 25 miembros. El decreto de vivienda se aprobó con 35 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Grupo Mixto) frente a 34 en contra (PP, Vox y Junts). En el Pleno, estos tres últimos partidos sumaban 178 diputados, razón por la cual tumbaron los decretos de vivienda el pasado 2 de octubre.
No obstante, no todas las medidas han tenido éxito. El decreto destinado a prorrogar automáticamente los contratos de alquiler decayó tanto en el Pleno como en la Diputación Permanente, debido al voto en contra del PNV.
Históricamente, los rechazos de decretos ley han sido escasos. Tras la derogación de un decreto de Adolfo Suárez en 1979, ningún otro decayó en el Congreso hasta 2017, salvo un error de votación de diputados socialistas en 2006. Solo existe un precedente similar al actual donde el Pleno tumbó un decreto y la Diputación Permanente aprobó otro sobre la misma materia (vivienda y alquiler) bajo la presidencia de Pedro Sánchez entre 2018 y 2019, aunque en aquel caso la aprobación se debió a un pacto con Podemos y no a un cambio en las mayorías del órgano.
