El sistema penitenciario del país atraviesa una crisis que trasciende el deterioro físico de sus instalaciones, el hacinamiento crónico de las celdas y la ineficacia de los programas de resocialización. Según denuncias presentadas por el Colegio Nacional de Abogados y diversos activistas, el problema se ha agravado debido a una marcada inacción institucional por parte del Gobierno actual, que no ha convocado al Consejo de Política Penitenciaria.
Este organismo, creado por ley, tiene la función fundamental de examinar las problemáticas que afectan a las cárceles, proponer soluciones concretas y orientar las políticas públicas en la materia. La falta de actividad de esta instancia es especialmente crítica considerando que el país ha enfrentado eventos graves, como la fuga de 195 privados de libertad en el centro penitenciario La Joyita, incidente que ocurrió en el marco de una reyerta que dejó un saldo de tres reclusos fallecidos y ocho heridos.
Maritza Cedeño, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, fue categórica al asegurar que, desde el inicio de la presente administración, no se ha celebrado una sola reunión de este consejo. Cedeño explicó que ha solicitado formalmente a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, que convoque al organismo con el fin de analizar la situación actual de los centros penitenciarios y revisar la efectividad de las políticas que se están implementando. "Yo con propiedad te puedo decir que esta administración no ha hecho una sola reunión del Consejo Penitenciario", afirmó la abogada, insistiendo en la necesidad de transparentar lo que ocurre dentro del sistema.
El Consejo de Política Penitenciaria es un ente multidisciplinario que reúne a representantes de instituciones clave, tales como la Defensoría del Pueblo, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, además de contar con la participación de organizaciones de la sociedad civil y el Colegio Nacional de Abogados. Si bien la Ley 55 de 2003 no establece una periodicidad obligatoria para sus sesiones, Cedeño recordó que, en administraciones anteriores, era habitual que las reuniones se realizaran cada dos o tres meses. En el periodo actual, sin embargo, no ha existido convocatoria alguna por parte de la ministra, quien preside la instancia.
Esta parálisis institucional ocurre en un contexto de profundos cuestionamientos sobre el sistema carcelario. Se denuncian condiciones precarias de alimentación, un hacinamiento insostenible y la situación irregular de miles de detenidos que aún no cuentan con una condena. De hecho, organizaciones no gubernamentales han alertado sobre la muerte de reclusos presuntamente a causa de desnutrición severa. Cedeño señaló que existen más de 10,000 personas bajo investigación y cuestionó la inexistencia de una clasificación adecuada de la población penitenciaria.
Otro punto de conflicto es el suministro de alimentos. El gremio de abogados ha recibido numerosas quejas tras la restricción del ingreso de comida por parte de los familiares y la implementación de un sistema de compra a través de una plataforma digital. Cedeño manifestó dudas sobre la transparencia de este mecanismo, señalando que los productos adquiridos no llegan a los detenidos en las cantidades o condiciones solicitadas, cuestionando a quién se le compra y cuál es el destino final de ese dinero. Para la presidenta del Colegio de Abogados, todos estos puntos deberían ser discutidos en el seno del Consejo, basándose en las atribuciones de la Ley 55 del 30 de julio de 2003.
Por su parte, el exdirector del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, rompió el silencio tras dejar su cargo. Singh sostuvo que su gestión se centró en la exigencia del cumplimiento de la citada Ley 55, destacando que su petición principal fue la salida de la Policía Nacional del interior de los penales. Según Singh, la administración y el control interno deben corresponder exclusivamente al Sistema Penitenciario, mientras que la Policía debe permanecer fuera del perímetro. Considera que esta medida es esencial para recuperar el control institucional y garantizar los derechos humanos de los privados de libertad.
Singh detalló que el país cuenta con aproximadamente 1,200 custodios para atender a una población de cerca de 25,000 privados de libertad. A pesar de esta proporción, aseguró que una reestructuración apegada a los estándares internacionales permitiría organizar mejor las funciones y reducir el contacto permanente entre custodios y reclusos. Al finalizar su intervención, descartó regresar al Gobierno y envió un mensaje de agradecimiento al presidente José Raúl Mulino.
Finalmente, Magaly Castillo, activista de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, calificó la situación como una falta de interés sostenida de los gobiernos hacia el tema penitenciario. Castillo denunció que, además de la inoperancia legal, las organizaciones de derechos humanos ahora tienen vedado el acceso a las cárceles, impidiendo las labores de observación que se realizaban anteriormente.
Ante estas denuncias, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado informando sobre la creación del Centro Nacional de Operaciones Penitenciarias como herramienta de apoyo para identificar riesgos y fortalecer el sistema. No obstante, la ministra Dinoska Montalvo no brindó respuesta a las solicitudes de reacción sobre la falta de convocatorias al Consejo de Política Penitenciaria.
