En un fallo judicial emitido este viernes, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Duarte dispuso la libertad bajo medidas de coerción de Delvinson de la Cruz Sosa, un hombre de 29 años de edad. El imputado se encuentra actualmente bajo investigación por parte del Ministerio Público debido a su presunta vinculación con un supuesto plan destinado a atentar contra la integridad física del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader.
La decisión fue tomada por el juez Wilton Oniel Peguero, quien, tras analizar los argumentos presentados en la audiencia, rechazó la solicitud de prisión preventiva que había sido interpuesta por la representación del Ministerio Público. En lugar de la medida privativa de libertad, el magistrado impuso una serie de restricciones y garantías económicas para asegurar que el investigado permanezca a disposición de la justicia mientras se desarrollan las pesquisas correspondientes.
Entre las medidas de coerción impuestas por el juez Peguero se encuentra una garantía económica consistente en un millón de pesos en efectivo. Asimismo, De la Cruz Sosa deberá presentarse periódicamente ante las autoridades cada 15 días y tiene estrictamente prohibido salir del municipio de San Francisco de Macorís. Como medida adicional de control, la resolución judicial establece que el imputado permanecerá bajo el cuidado y la vigilancia directa de su padre durante un período de seis meses.
Durante el desarrollo de la audiencia de conocimiento de medidas de coerción, el fiscal litigante Engels Luis Polanco fue el encargado de sostener la acusación contra el joven, exponiendo los argumentos del Estado para solicitar la medida más severa. Según el expediente judicial, la detención de De la Cruz Sosa se produjo mediante una orden judicial ejecutada a través de un allanamiento en su residencia, la cual se encuentra ubicada en el sector Vista del Valle de San Francisco de Macorís.
Además del allanamiento domiciliario, las autoridades llevaron a cabo una requisa en la Ferretería Molina, el establecimiento comercial donde el investigado desempeña sus labores laborales. Estas acciones judiciales fueron solicitadas originalmente por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar, y contaron con la autorización previa de la jueza Josefina Noemí Díaz Marte.
De acuerdo con la documentación judicial, el núcleo de la investigación se centra en la supuesta planificación de un atentado contra el mandatario Luis Abinader. El objetivo del presunto ataque habría sido concretarse durante los actos conmemorativos del Día de la Constitución, programados para el 6 de noviembre de 2026, en la sede del Congreso Nacional.
El proceso de investigación ha contado con la participación activa de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta intervención se produjo luego de que diversos organismos de inteligencia emitieran alertas preventivas sobre las presuntas intenciones atribuidas al joven de 29 años.
Por su parte, la defensa técnica del imputado manifestó su total disconformidad con la línea de investigación seguida por el Ministerio Público. A la salida de la audiencia, el abogado defensor cuestionó la base de la acusación, asegurando que los hechos atribuidos a su cliente no encuadran en los tipos penales de terrorismo ni de asociación de malhechores.
El jurista sostuvo que el caso no se originó por una planificación criminal, sino a partir de manifestaciones de inconformidad con la gestión del Gobierno, así como opiniones personales relacionadas con temas de patriotismo y la compleja situación migratoria haitiana. El abogado enfatizó que, si bien existían opiniones críticas, en ningún momento se materializó un acto de ejecución dirigido contra el presidente de la República.
Un punto crítico resaltado por la defensa fue la ausencia de pruebas materiales durante los allanamientos. El abogado señaló que las autoridades no ocuparon explosivos, armas especiales, sustancias químicas ni ningún otro elemento que evidenciara la preparación real de un atentado. Por esta razón, consideró que la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público carece de sustento suficiente.
Finalmente, la defensa señaló que, aunque las autoridades han hecho menciones sobre la existencia de otros posibles implicados en este supuesto plan, únicamente su representado ha sido sometido a la justicia hasta el momento. El abogado concluyó celebrando que el juez rechazara la prisión preventiva, permitiendo que el ciudadano enfrente el proceso judicial en libertad.
