La administración gubernamental atraviesa un momento crítico en el que la distancia entre su relato oficial y la realidad cotidiana de la población comienza a generar una fractura social significativa. De acuerdo con el análisis de Cristián Valdivieso, director de Criteria, existe una resistencia notable por parte de Hacienda a reconocer un presente que no se ajusta al entusiasmo proyectado por Quiroz respecto al futuro. Esta desconexión está alimentando un malestar ciudadano que pone en riesgo la estabilidad del gobierno, ya que las dificultades diarias de las personas empiezan a ser interpretadas como la consecuencia directa de decisiones erróneas e insensibilidad desde el Palacio.
El plan estratégico inicial del gobierno se basó en una secuencia lógica y predecible: recuperar la confianza de los agentes económicos, atraer inversiones extranjeras y nacionales, impulsar el crecimiento económico y, finalmente, generar nuevos empleos. Si bien esta cadena es teóricamente coherente, el problema radica en que está excesivamente expuesta a la incertidumbre del entorno. Mientras el gobierno utiliza un "telescopio" para mirar hacia el horizonte, quienes llevan meses desempleados o sufren el alza constante en el costo de la vida encuentran angustiante esa perspectiva a largo plazo.
En este contexto, la solicitud de paciencia por parte de las autoridades ha dejado de ser una herramienta efectiva. La espera, lejos de ser vista como un periodo de transición hacia la mejora, ha empezado a percibirse como una carga o una cuenta que el gobierno le transfiere a la ciudadanía. Al no existir alivios concretos que mitiguen el impacto económico inmediato, el llamado a mantener la calma suena, para muchos, como una invitación a que cada ciudadano se arregle como pueda.
Este manejo de las expectativas ha dejado la impresión de que el Ejecutivo tiene dificultades para empatizar con quienes están pagando el costo de esa espera. Cuando la respuesta oficial se limita sistemáticamente a mencionar reformas de largo plazo o se centra más en alcanzar las metas técnicas de Hacienda que en atender la angustia social, el acto de esperar deja de ser una virtud para convertirse en un agravio. Bajo esta premisa, se entiende por qué la frase recurrente del presidente, asegurando que “todo va a estar bien”, provoca rabia en sectores de la población, y por qué las movilizaciones recientes se perciben como la única vía para intentar cambiar las cosas.
Existe un riesgo latente en la forma en que el gobierno interpreta las protestas. Si el Ejecutivo continúa viendo la movilización únicamente como una amenaza al orden público, podría ignorar la raíz del problema. El acto de movilizarse no es delictual en sí mismo, sino que representa, para quienes se sienten ignorados, una herramienta para recuperar incidencia sobre su propia vida y situación.
Para el ciudadano, la calle ofrece una alternativa a la incertidumbre. El encuentro con otros y el reconocimiento de que el dolor y la angustia son compartidos permite romper el ensimismamiento. La movilización devuelve el protagonismo a las personas y les otorga la sensación de tener el control sobre sus acciones. Aunque se haya perdido la fe en las promesas gubernamentales, persiste la creencia de que la presión social es la única forma de obligar al gobierno a actuar.
Un fenómeno relevante es que la movilización no requiere de una afinidad política total. El ejemplo de la coincidencia entre grupos tan diversos como los camioneros y la Confech demuestra que, a pesar de sus diferencias ideológicas, ambos convergen en un punto concreto: esperar en silencio no ha servido para resolver sus problemas. El deseo de ser escuchados se convierte en el vínculo que los une.
Finalmente, la promesa de orden que sostiene el gobierno depende directamente de su capacidad para escuchar y dar respuestas antes de que los conflictos escalen. Enfocarse únicamente en reprimir o señalar a los movilizados, sin atender las razones que los convocan, podría terminar ampliando el conflicto. El mayor peligro reside en que, si las soluciones llegan solo después de las protestas, la ciudadanía llegará a una conclusión práctica y peligrosa: que esperar no mueve al gobierno, pero presionar sí lo hace.
