El Gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta una severa crisis política tras revelarse la emisión de decretos que permitieron rebajar las penas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. La medida ha provocado una reacción inmediata y coordinada en el Congreso, donde diversas bancadas exigen la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y evalúan el inicio de una acusación constitucional en su contra.
El ministro Fernando Rabat salió a defender el procedimiento administrativo, argumentando que el Ministerio de Justicia no tiene la facultad de evaluar el mérito individual de las solicitudes de rebaja de condena. Según explicó la autoridad, dicha responsabilidad recae en un consejo especializado, el cual está integrado por jueces, ministros de cortes de apelaciones, psicólogos y asistentes sociales. Rabat sostuvo que su gestión se ha ajustado a los marcos normativos vigentes, aunque reconoció la gravedad de la situación.
Ante el malestar generalizado, el secretario de Estado informó que el Presidente José Antonio Kast le ha instruido la preparación de cambios legales urgentes para evitar que escenarios similares se repitan en el futuro. La propuesta gubernamental busca otorgar un mayor peso jurídico a los informes emitidos por Gendarmería al momento de tomar decisiones sobre beneficios penales. “Lo que pedimos o establecemos a través de esa norma es que el informe de Gendarmería sea un antecedente calificado al momento de que la comisión adopte la decisión respectiva”, precisó el ministro.
En el ámbito de la atención a las víctimas, Rabat detalló que ha mantenido coordinaciones con el programa de Atención de Víctimas y con el defensor de la niñez, Anuar Quesille. No obstante, estas gestiones no han sido suficientes para aplacar las críticas parlamentarias. Respecto a su permanencia en el cargo, el ministro se limitó a señalar que el Presidente de la República ya ratificó su continuidad en la jornada anterior.
La oposición ha reaccionado con dureza. La Cámara de Diputados acordó una sesión especial para este miércoles 28 de octubre, tras haber otorgado un plazo de 48 horas al Ejecutivo para la entrega de todos los decretos y antecedentes relacionados con las rebajas de penas. La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, advirtió que el Gobierno no ha entregado la información completa y sugirió que el número de beneficiados podría ser superior a los 56 ya conocidos, afirmando que se están constituyendo los factores necesarios para presentar una acusación constitucional contra Rabat.
Por su parte, el diputado socialista Daniel Manouchehri lanzó una dura crítica directa al Mandatario, responsabilizándolo por respaldar al ministro. Manouchehri calificó las decisiones del Gobierno como "pro-pederastas" y lanzó una advertencia tajante al Presidente Kast: “Si solo uno de esos psicópatas vuelve a tocar a un niño, lo haremos responsable a usted señor Presidente”. El parlamentario solicitó que las responsabilidades alcancen también al subsecretario de Justicia, Luis Silva, y a todos los involucrados en la firma de los decretos.
Desde el Partido por la Democracia (PPD), el diputado José Montalva centró su crítica en la vulnerabilidad de las víctimas. Montalva alertó que varios de los condenados presentaban informes de alto riesgo de reincidencia y cuestionó si el Estado ha notificado a las víctimas o si estas se han enterado de la libertad de sus agresores a través de los medios de comunicación. En consecuencia, solicitó la intervención urgente de la Fiscalía, el Ministerio de Desarrollo Social y la Defensoría de la Niñez para evaluar el estado de protección de los afectados.
En la misma línea, el diputado Jaime Araya anunció que presentará una solicitud formal para que el ministro Rabat invalide los decretos mediante la vía administrativa, basándose en la Ley de Procedimiento Administrativo que permite a la autoridad revocar sus propios actos en un plazo de dos años. Araya subrayó que esta medida representaría una solución inmediata para priorizar la protección de niños, niñas y adolescentes.
La presión contra Rabat ha trascendido la oposición, sumando voces del oficialismo. El diputado de la UDI, Omar Sabat, calificó lo sucedido como un "error garrafal" y pidió la salida inmediata del ministro. A él se sumó la diputada de Renovación Nacional, Claudia Mora, quien afirmó que la permanencia de Rabat es "insostenible" y que la credibilidad del Ejecutivo está en juego. Asimismo, las diputadas de la UDI Marlene Pérez y Alejandra Valdebenito exigieron agotar todas las vías legales para intentar revocar los decretos.
En el Senado, la senadora de RN María José Gatica y el independiente Rojo Edwards también se manifestaron a favor de la salida del ministro. Finalmente, el diputado Jaime Mulet, presidente de la Comisión de Constitución, calificó la actuación de Rabat como reprochable, aunque señaló que cualquier acusación constitucional debe tener fundamentos jurídicos sólidos. Mulet planteó que, si se determina una infracción constitucional por parte del ministro, dicha responsabilidad también debería extenderse a los ministros de la Corte Suprema que fallaron en el mismo sentido.
