En una jornada marcada por la tensión política, diversos legisladores solicitaron este martes al Fiscal General del Estado, José Armando Urioste, que tome medidas inmediatas y concrete acciones legales ante la difusión de una serie de grabaciones de audio en las que se ve involucrado Fernando Cerimedo, junto a otras altas autoridades del país. Los parlamentarios hicieron hincapié en que la labor del Ministerio Público no debe limitarse únicamente a la investigación del caso de Sebastián Marset, sino que debe extenderse y profundizarse en el caso relativo a Cerimedo.
La presión legislativa surge tras la circulación, la noche del lunes, de un nuevo audio que ha generado conmoción en el ámbito público. En dicha grabación, presuntamente se escucha una conversación entre el exasesor presidencial Fernando Cerimedo y la esposa del primer mandatario, María Elena (Bibi) Urquidi. Según el contenido de la grabación, ambos hablarían sobre negocios relacionados con el sector de hidrocarburos, mencionando específicamente a dos ministros del actual Gobierno: Óscar Mario Justiniano y Marcelo Blanco. Este nuevo material audiovisual suma ya un total de 11 supuestos audios que han comenzado a filtrarse desde el pasado mes de agosto y que, hasta la fecha, no han sido objeto de una investigación formal por parte de las autoridades competentes.
El diputado Gabriel Corvera, representante de Alianza Unidad, manifestó su preocupación ante la falta de transparencia y la ausencia de respuestas oficiales por parte de las entidades encargadas. Corvera señaló que es responsabilidad del Ministerio Público y de la Fiscalía brindar información clara sobre el estado de las investigaciones. El legislador criticó que, mientras se continúan filtrando audios al espacio público, no exista una respuesta formal, lo que, a su juicio, deja a la ciudadanía en una situación de "dibujo libre" respecto a lo que realmente está sucediendo en las altas esferas del poder.
Asimismo, Corvera subrayó que, aunque el señor Cerimedo y la primera dama no ostentan cargos como funcionarios del Gobierno, es imperativo que exista una declaración oficial sobre este asunto. Según el diputado, el pueblo boliviano necesita certezas concretas para evitar que las especulaciones sigan creciendo y para frenar la incertidumbre que generan estas filtraciones.
Por su parte, la diputada Claudia Herbas, de Alianza Popular, se sumó al pedido exigiendo que el Fiscal General, José Armando Urioste, inicie las investigaciones correspondientes no solo sobre el audio más reciente entre Cerimedo y Bibi Urquidi, sino también sobre aquellos difundidos en semanas anteriores. Herbas calificó de lamentable la situación y reiteró que es deber del Fiscal General investigar estas grabaciones, en las cuales presuntamente aparecen involucrados ministros y legisladores. En sus declaraciones, la diputada también lanzó una crítica hacia el Fiscal, señalando que este fue designado por el Presidente y sugiriendo que su trabajo parece estar orientado a ciertos temas mientras descuida otros vinculados directamente con el Gobierno.
En el mismo sentido, Álvaro Cazasola, diputado de Unidad, insistió en que el Fiscal General debe trabajar con transparencia en todos los casos abiertos. Cazasola recordó que Fernando Cerimedo se encuentra actualmente recluido con detención preventiva en el penal de Chonchocor, en La Paz, y mencionó que existen actos de feminicidio vinculados a él. El parlamentario fue enfático al señalar que no se puede encubrir a personas que hayan defraudado al país y exigió que se profundice en el caso Cerimedo para evitar que haya impunidad, recalcando que la investigación no debe quedar limitada al caso de Sebastián Marset.
Finalmente, el sector oficialista también se pronunció sobre el tema. La diputada del PDC, Claudia Bilbao, solicitó que los hechos sean investigados, aunque mantuvo una postura distinta sobre la figura del exasesor. Bilbao afirmó que Cerimedo era en realidad "un infiltrado" y sostuvo que el Gobierno debe iniciar un proceso contra él. La legisladora planteó que es necesario que Cerimedo informe detalladamente qué contenidos grababa y qué objetivos pretendía conseguir del Estado, planteando que estas son preguntas fundamentales que deben ser respondidas mediante un proceso legal.
