El Gobierno Nacional, bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella, ha iniciado un proceso de ajuste financiero centrado en la austeridad. A dos meses de finalizar el año 2026, la Presidencia de la República ha tomado la decisión de reducir sus finanzas en un monto total de COP 267.232 millones. Esta medida, que busca optimizar el gasto público y evitar los sobrecostos y escándalos relacionados con compras superfluas que marcaron administraciones anteriores, se extiende también a diversas entidades del Ejecutivo.
En una reciente alocución, el mandatario fue enfático al señalar que "el ajuste del Estado comienza por la propia Presidencia". Para materializar esta promesa de austeridad, el recorte impactará directamente los recursos de funcionamiento e inversión de cinco entidades clave adscritas al Palacio de Nariño: la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC) y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) es la entidad más afectada dentro de este grupo, con una disminución de COP 191.668 millones. De esta cifra, COP 182.422 millones corresponden a recursos corrientes y COP 9.200 millones provienen de otros rubros. El ajuste en el Dapre incluye una revisión de la planta de personal, la cual registra actualmente una ocupación del 58 %, con 586 cargos provistos de un total de 1.018. Asimismo, se informó la terminación de 32 contratos de prestación de servicios, lo que representa un ahorro de COP 2.200 millones.
Por su parte, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), dirigida por Cindy Nataly Palma, enfrenta la reducción proporcional más agresiva, con un recorte del 26 % de su presupuesto. La entidad pasará de contar con COP 193.279 millones a COP 142.670 millones, una reducción de COP 50.608 millones. La mayor parte de este ajuste impacta la inversión, específicamente en la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, donde el proyecto de reconversión productiva para el tránsito a economías lícitas sufrirá una reducción de COP 45.137 millones. Adicionalmente, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) perderán COP 5.439 millones.
En cuanto a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el recorte asciende a COP 18.599 millones, dejando un presupuesto de COP 341.023 millones. Este ajuste del 5,2 % se aplicará íntegramente al funcionamiento, afectando las transferencias al Fondo de Programas Especiales para la Paz destinadas al Programa de Reintegración Social y Económica.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) verá reducida su asignación en COP 5.586 millones (0,8 %), quedando con COP 693.433 millones. El recorte principal, de COP 4.252 millones, afecta el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo destinado a reasentamientos judiciales en diversas localidades como Murindó, Córdoba, La Dorada, San José del Palmar, Tello, Ibagué y Villarrica. Los recortes menores corresponden a la APC-Colombia, con una reducción de COP 678 millones, y a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, que pierde COP 93 millones.
Es relevante destacar que el 97 % de estos recortes afectan renglones vinculados a la implementación del Acuerdo de Paz. Estas medidas forman parte de un plan más amplio establecido en el decreto 1585 del 22 de octubre, que prevé un recorte general de COP 13,8 billones, equivalentes al 0,7 % del Producto Interno Bruto (PIB). Este plan macro incluye COP 3 billones menos en funcionamiento, COP 4 billones menos en el servicio de la deuda y COP 6,8 billones menos en inversión. Entre las entidades más afectadas a nivel general se encuentran el Instituto Nacional de Vías (Invías), con un recorte de COP 1,4 billones, la Aeronáutica Civil (COP 949.143 millones), la Registraduría (COP 775.000 millones) y la Rama Judicial (COP 696.496 millones).
En la cartera del Interior, siguiendo las previsiones del exministro Rodrigo Lara Restrepo, se ha implementado un recorte de COP 274.639 millones, reduciendo su presupuesto de 1,42 billones a 1,15 billones. Esta tendencia de austeridad se proyecta para 2027, donde la cartera del Interior tendrá una asignación de COP 1,28 billones, COP 146.692 millones menos que el presupuesto inicial de este año.
Finalmente, la Vicepresidencia, liderada por José Manuel Restrepo, ha reportado una reducción del 73 % en el gasto mensual de personal y una disminución del 98 % en contrataciones con personas jurídicas, lo que representa un ahorro de COP 1.000 millones mensuales. De cara al futuro, el vicepresidente anunció un ajuste planeado de casi COP 70 billones sobre las finanzas estatales para el próximo año y la propuesta de una Ley de Rescate Fiscal que recortaría COP 45 billones en las proyecciones de 2027 para evitar el aumento del déficit fiscal.
