Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos manifestó un escepticismo significativo este domingo frente a la intención del Departamento de Justicia de intervenir en el proceso de recuento de votos de las elecciones de mitad de mandato en California. La administración busca obligar a los funcionarios electorales del estado a anular y apartar los votos de presuntos ciudadanos no estadounidenses a quienes se les hubieran emitido boletas por correo.
Durante una audiencia de emergencia calificada como sumamente inusual, el juez Mark Bennett, integrante del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, señaló que California parece poseer la autoridad legal necesaria para gestionar sus propios procesos electorales. Bennett enfatizó que, aunque el Congreso haya aprobado una ley penal que prohíbe explícitamente que los no ciudadanos voten en elecciones estatales y federales, esto no otorga automáticamente al Departamento de Justicia la autoridad para regular la mecánica del proceso de votación dentro del estado de California.
La acción legal emprendida en California se enmarca en una serie de medidas tomadas por la administración de Trump durante las elecciones de medio término, con el objetivo de respaldar las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre la existencia de un fraude electoral masivo, a pesar de que tales aseveraciones han sido calificadas como infundadas. Un ejemplo similar ocurrió la semana pasada, cuando el Departamento de Justicia presentó una demanda en Alaska para intentar bloquear la certificación de la elección del senador republicano Dan Sullivan, basándose en que otro candidato con el nombre de Daniel J. Sullivan también aparecía en la papeleta.
En la audiencia, el juez Bennett, quien fue nombrado por Trump, y el juez Gabriel Sánchez, nombrado por Biden, cuestionaron la decisión procesal del Departamento de Justicia de elevar el caso al Noveno Circuito antes de que el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en California, donde se originó la demanda, hubiera celebrado la audiencia correspondiente. Asimismo, ambos magistrados interrogaron al abogado del Departamento de Justicia, Matthew Donnelly, sobre la veracidad y fiabilidad de la cifra de 20.000 no ciudadanos que la administración afirma existen en el padrón electoral de California. Según se reveló, esta información proviene de una lista de votantes que fue comprada y analizada por terceras partes.
El Gobierno de Trump argumenta que debe tener la capacidad de modificar inmediatamente el proceso de votación en California debido al temor de que personas no ciudadanas hayan enviado sus sufragios. La urgencia del pedido se acentúa dado que el condado de Los Ángeles ya ha procesado más de 300.000 votos para estos comicios. No obstante, al menos dos de los tres jueces del panel rechazaron el argumento de que la ley federal prevalezca sobre la Constitución, recordando que el poder de organizar las elecciones recae primordialmente en los estados.
El juez Bennett, durante la sesión transmitida por YouTube y realizada vía videoconferencia, afirmó que, bajo la Cláusula Electoral, los estados tienen el derecho de determinar la forma en que se llevan a cabo las elecciones, lo cual incluye la capacidad de distinguir entre ciudadanos y no ciudadanos.
Por otro lado, el juez Patrick Bumatay, también nombrado por Trump, mostró una postura más favorable a los argumentos del Gobierno federal. Bumatay interrogó a los representantes legales de California y del condado de Los Ángeles sobre los métodos utilizados para investigar la presencia de no ciudadanos en los registros electorales. Además, indagó sobre la advertencia del Departamento de Justicia, que sostiene que no apartar las papeletas de voto por correo impediría que el estado identifique si hubo votaciones ilegales por parte de no ciudadanos.
Samuel Siegal, abogado representante de California y del secretario de Estado, sostuvo que la solicitud del Departamento de Justicia representaba un intento de "interrumpir el proceso democrático" mientras las elecciones ya estaban en curso. Siegal fue enfático al señalar que la lista de supuestos votantes no ciudadanos proporcionada por la administración de Trump no es fiable, alegando que los datos están completamente desactualizados y que no está claro el origen real de dicha información. Según Siegal, este patrón se repite en otras listas elaboradas por el Gobierno federal que han resultado ser manifiestamente poco fiables.
Ante estos cuestionamientos, Matthew Donnelly, representante del Departamento de Justicia, no ofreció claridad total sobre cómo se determinó que 20.000 nombres fueran de no ciudadanos, limitándose a explicar que la administración "recibió una lista que fue comprada" a California. Donnelly defendió la fiabilidad de los informes basándose en declaraciones juradas de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional sobre el proceso de obtención de información. El abogado insistió en que no se pide la anulación inmediata de los votos, sino simplemente que se aparten las papeletas cuestionadas por el Gobierno federal debido a la situación de emergencia que supone el conteo actual.
Finalmente, sobre la decisión de saltar la instancia del tribunal de distrito, Donnelly argumentó que el fallo debía emitirse lo antes posible debido a que la votación continúa en el estado y ya se han procesado cientos de miles de votos. A pesar de esto, la tensión entre la autonomía estatal y la supervisión federal sigue siendo el punto central de la disputa legal.
