Las seis bancadas de oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados han iniciado un proceso de análisis exhaustivo para determinar la viabilidad de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. El punto central de la controversia radica en la firma de 56 rebajas de pena que habrían sido ejecutadas sin recurrir a los tribunales de justicia, una acción que ha generado una fuerte reacción en los sectores contrarios al Gobierno.
Desde el pasado viernes, los parlamentarios de oposición comenzaron a estudiar los antecedentes jurídicos y políticos de este caso. Aunque la decisión final de impulsar el juicio político aún no ha sido definida, diversas fuentes indican que el análisis se intensificará durante los días lunes y martes a través de reuniones clave y la revisión de un estudio jurídico especializado. Existe la posibilidad de que un anuncio oficial sobre el camino a seguir se realice durante la próxima semana, momento en el cual también se evaluaría la solicitud de una sesión especial en la sala de la Cámara Baja.
El argumento fundamental que sostiene la ofensiva política es la presunta omisión de los procesos judiciales. Según los sectores que impulsan la acusación, el ministro Rabat decidió saltarse los tribunales de justicia al firmar las rebajas de pena, lo que ha llevado a algunos parlamentarios a afirmar que esta decisión "le hizo más fácil la pega a los violadores". La indignación ha crecido al conocerse detalles sobre condenados por violación que ya se encuentran en libertad, sumado a que el oficialismo más duro ha incurrido en comparaciones con la gestión del gobierno anterior, lo que ha alimentado la ira de la oposición.
En este contexto, el parlamentario independiente-PPD, Jaime Araya, ha hecho un llamado enfático a la unidad de las bancadas opositoras, independientemente de la herramienta que decidan utilizar. Araya sostuvo que las opciones políticas se están agotando y planteó que la renuncia del ministro podría ser la única salida viable para resolver la crisis. El diputado detalló que el acuerdo actual consiste en analizar los antecedentes en las reuniones programadas para el inicio de la semana para tomar una decisión definitiva.
Por otro lado, el Gobierno de José Antonio Kast y sus aliados más cercanos han cerrado filas en torno al ministro Rabat. Desde el oficialismo se ha calificado la estrategia de la oposición como "carapalismo", haciendo una analogía con el caso Monsalve, y han acusado a los sectores de izquierda de instrumentalizar el dolor de las víctimas con fines estrictamente políticos.
Guillermo Ramírez, presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), manifestó el respaldo total tanto del presidente Kast como de su partido hacia la gestión del secretario de Estado. Ramírez calificó a Fernando Rabat como una "revelación" y aseguró que, hasta el momento, el ministro ha desempeñado un trabajo impecable, expresando su deseo de que continúe en sus funciones.
Sin embargo, no todos los sectores coinciden plenamente en la estrategia. Existe un grupo de parlamentarios que exige un rigor jurídico estricto antes de avanzar hacia un juicio político, especialmente en un periodo donde se cuestiona la utilidad de presentar acusaciones constitucionales cuando no se cuenta con los votos suficientes para prosperar.
El diputado socialista Marcos Ilabaca, quien es integrante de la Comisión de Constitución, condicionó cualquier acción política a la existencia de bases legales sólidas. Ilabaca enfatizó que la rebaja de penas a abusadores de niños y violadores exige respuestas y responsabilidades claras, pero subrayó que, si se acredita una infracción legal o constitucional del ministro en los antecedentes, entonces correspondería evaluar una acusación con el debido rigor.
Incluso dentro de la derecha se han manifestado dudas. El diputado de Renovación Nacional, Mauro González, aunque se reconoce como colaborador del gobierno, admitió en declaraciones a Radio Bío Bío que, basándose en la información disponible actualmente, no puede defender la actuación del Ministerio de Justicia.
Finalmente, la diputada independiente Joanna Pérez propuso un enfoque escalonado. Pérez se mostró partidaria de analizar los méritos de las herramientas constitucionales, pero sugirió comenzar el proceso mediante la creación de una comisión especial investigadora o a través de una sesión informativa antes de saltar directamente a la acusación constitucional. Mientras tanto, las izquierdas intentan coordinar sus estrategias para evitar que las diferencias de análisis se conviertan en un conflicto interno que debilite la presión contra el ministro.
