El Gobierno Nacional ha procedido a realizar modificaciones significativas en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, popularmente conocido como la "Ley Malvinas", luego de ceder ante las presiones ejercidas por Estados Unidos y diversos sectores de sus aliados legislativos. Los cambios se centran principalmente en un artículo crítico relacionado con las sanciones aplicables a las empresas que operen en las islas Malvinas.
Tras un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, el oficialismo logró obtener un dictamen de mayoría. Este resultado fue posible gracias a la aceptación de múltiples modificaciones propuestas por los bloques del PRO, la UCR, el MID y representantes provinciales. De acuerdo con fuentes legislativas, el texto ya se encuentra listo para ser tratado en el recinto el próximo 12 de noviembre.
La Casa Rosada se vio obligada a reformular la propuesta original, la cual contaba con el sello del asesor Santiago Caputo. La necesidad de estos cambios no solo respondió a la presión diplomática de Washington, sino también a la falta de consenso interno, ya que hasta la semana pasada el proyecto no contaba con las firmas necesarias para avanzar hacia el dictamen.
Uno de los puntos más sensibles fue la delimitación de las sanciones. El Gobierno aceptó que las penalidades se limiten estrictamente a aquellas empresas que operen de manera ilegal en el territorio, ya sea que lo hagan de forma directa, como proveedoras o como accionistas directas de la iniciativa. En consecuencia, quedan eximidos de estas sanciones los subsidiarios, las filiales o aquellos accionistas que no posean una participación relevante en las actividades de exploración.
Esta modificación atiende directamente la preocupación manifestada por la Casa Blanca. Según se informó, la administración de Estados Unidos temía que las penalidades propuestas originalmente alcanzaran no solo a las firmas operadoras en Malvinas, sino también a intermediarios financieros, filiales, proveedores y accionistas secundarios. Esta inquietud quedó confirmada durante la reciente visita del subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, lo que llegó a plantear la posibilidad de congelar la propuesta legislativa.
El foco de la controversia se sitúa en las firmas que participan en el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas, impulsado por las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí), extendiéndose también a otras empresas asociadas en emprendimientos similares.
En paralelo a los ajustes sobre Malvinas, se reformularon las sanciones económicas. Las multas previstas oscilarán ahora entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido por el proyecto. En los casos donde no sea posible determinar el monto exacto del beneficio, se aplicará una sanción medida en barriles de petróleo, que oscilará entre 2.000 y 40.000 barriles, cifra que duplica la multa planteada en el borrador original.
El asesor Santiago Caputo, junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, coordinó estos ajustes en reuniones con la diputada Silvina Giudici y el secretario parlamentario Adrián Pagán. En dichos encuentros se analizaron aportes presentados por diputados del PRO, MID, UCR e incluso del peronismo.
En materia de defensa y seguridad, una de las modificaciones más destacadas es la incorporación del Ministerio de Seguridad como miembro permanente del proyectado Consejo de Seguridad. Originalmente, el Consejo estaría integrado por el Presidente, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico. La exclusión inicial de la cartera de Seguridad fue vinculada por fuentes parlamentarias a tensiones internas con Patricia Bullrich. Con este cambio, se busca delimitar claramente los roles de las Fuerzas Armadas y la seguridad interior.
Asimismo, se habilitó la participación de miembros no permanentes ante cuestiones críticas, incluyendo al titular de la Cámara de Diputados, al presidente provisional del Senado, a gobernadores y al Ministerio de Seguridad Interior. Además, se aprobó la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores designados proporcionalmente a las representaciones políticas. Esta comisión garantizará que cualquier acción militar drástica, como el hundimiento de buques hostiles o el derribo de aviones, requiera obligatoriamente la autorización del Congreso, evitando que dicha decisión recaiga exclusivamente en el Presidente o el ministro de Defensa. También se especificó que el Consejo de Seguridad no podrá intervenir en asuntos de seguridad interior.
Respecto a las infraestructuras críticas, se afinó la redacción para definir estas instalaciones, redes y servicios (públicos o privados) cuya destrucción o interrupción afecte significativamente la seguridad, salud, economía o funcionamiento del Estado, elevando las exigencias para intervenir en su protección.
Finalmente, se modificó el artículo 111, que establece penas de 5 a 15 años de prisión para quienes realicen actividades financiadas por Estados o agentes extranjeros para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante desinformación masiva. A solicitud de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que alertó sobre la ambigüedad de los términos, el texto final excluye explícitamente la actividad periodística, académica, diplomática y el debate público.
