El proceso de selección para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado en Ecuador ha dado un giro significativo tras las recientes resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). En una decisión tomada el pasado 24 de octubre de 2026, el ente rector redujo drásticamente el número de candidatos que continúan en la carrera, pasando de una lista inicial de 26 aspirantes a solo cinco personas habilitadas para avanzar hacia la etapa final del concurso.
Esta reducción es el resultado directo de la resolución de los recursos interpuestos y el análisis de las apelaciones derivadas del escrutinio público y la impugnación ciudadana. El Pleno del CPCCS se encargó de concluir la revisión de los recursos que fueron presentados frente a las decisiones previamente tomadas por la Comisión Ciudadana de Selección, cerrando así un ciclo de revisiones administrativas y legales sobre los perfiles postulantes.
Uno de los puntos más relevantes de esta resolución fue la exclusión de las dos candidatas que, hasta ese momento, contaban con las puntuaciones más altas en el proceso. Se trata de Daniella Camacho e Inés Romero, quienes quedaron fuera de la competencia. En el caso particular de Inés Romero, el Pleno del CPCCS ratificó su salida del proceso, mientras que la jueza Daniella Camacho también fue removida de la nómina general de aspirantes.
Como consecuencia directa de estas exclusiones, el panorama de la clasificación oficial ha cambiado. Carlos Alarcón, quien actualmente se desempeña como fiscal general encargado, ha pasado a encabezar la lista de los candidatos mejor posicionados previo al inicio de la fase final de oposición. Alarcón asume provisionalmente el primer lugar del concurso, situándose como el perfil más fuerte en la tabla de posiciones actual, la cual destaca a profesionales con una trayectoria consolidada tanto en la administración pública como en el sistema judicial.
Durante la jornada de resoluciones, el Pleno del CPCCS no solo se centró en las exclusiones de los candidatos, sino que también atendió las recusaciones presentadas contra los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Específicamente, se resolvieron las impugnaciones dirigidas hacia Andrés Fantoni y Johanna Verdezoto, despejando así los cuestionamientos administrativos sobre la composición de la comisión encargada de la selección.
Con la definición de los cinco aspirantes finalistas, el proceso entra ahora en una fase administrativa crítica. La Comisión Ciudadana de Selección dispone de un término de dos días para remitir su informe final al Pleno. Este documento es fundamental, ya que debe recopilar toda la información pertinente y los resultados de las fases previas para formalizar la situación de los concursantes.
Una vez que el Pleno del CPCCS reciba este informe final, se declarará oficialmente precluida la fase de impugnación ciudadana. Este acto administrativo es el requisito indispensable para dar paso a la etapa de oposición, que representa la fase decisiva del concurso público para elegir al Fiscal General del Estado.
La etapa de oposición consistirá en una evaluación rigurosa de los conocimientos de los cinco sobrevivientes del proceso. El examen escrito ha sido programado para el próximo 28 de noviembre de 2026. Esta prueba no será un cuestionario simple, sino que medirá tanto los conocimientos teóricos como las capacidades prácticas de los aspirantes. Para garantizar la imparcialidad y el rigor académico, las pruebas serán estructuradas por un equipo de docentes universitarios, quienes diseñarán los instrumentos de evaluación.
Cabe recordar que el cargo de Fiscal General del Estado en Ecuador es una responsabilidad de alta jerarquía con un periodo de ejercicio de seis años. La importancia de este cargo radica en la conducción de la acción penal pública y la investigación de delitos en todo el territorio nacional, lo que justifica la rigurosidad del proceso de selección actual.
En resumen, el concurso ha pasado de una convocatoria amplia a un grupo selecto de cinco profesionales. Tras la salida de los perfiles mejor puntuados inicialmente y la resolución de las recusaciones internas, el proceso se encamina hacia la evaluación final de noviembre, donde se definirá quién liderará la Fiscalía General del Estado durante el próximo sexenio.
