El Gobierno de Cuba ha manifestado un enérgico rechazo ante la emisión de una nueva orden de arresto por parte de una jueza de Miami, relacionada con los acontecimientos ocurridos en febrero de 1996, cuando dos aeronaves pertenecientes a la organización denominada Hermanos al Rescate fueron derribadas. Esta medida judicial, que ha generado una inmediata reacción en las altas esferas del Estado cubano, fue anunciada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier.
El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, expresó su postura a través de un mensaje difundido en la red social X, donde calificó la medida judicial como parte de un "patético circo miamense". Según el mandatario, esta iniciativa posee un trasfondo electoral y no responde a una búsqueda de justicia, sino a intereses políticos específicos. Díaz-Canel subrayó que cualquier acción dirigida contra el general del Ejército involucrado en el caso encontrará siempre la determinación del pueblo cubano para defender la Revolución.
En sus declaraciones, el jefe de Estado consideró que la orden de arresto constituye una maniobra que utiliza una "vestidura legal" para encubrir objetivos políticos. Díaz-Canel sostuvo que este procedimiento ha sido organizado por sectores políticos anticubanos y que se inserta dentro de los constantes intentos por justificar el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone sobre la nación caribeña, calificando estas acciones como una forma de castigo colectivo contra el país.
De manera complementaria, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, también condenó la medida. El canciller describió la acción judicial como una nueva maniobra impulsada por sectores anticubanos radicados en el sur de Florida. Para Rodríguez, estas acciones son el reflejo del agotamiento político de grupos que, durante décadas, han alimentado una maquinaria de agresión contra Cuba basándose en acusaciones que calificó de infundadas.
Este nuevo procedimiento legal se suma a otras acciones impulsadas anteriormente en los Estados Unidos contra el líder histórico cubano y otros ciudadanos de la isla en relación con los hechos de 1996. Cabe destacar que Cuba ya había rechazado en mayo pasado una acusación federal vinculada al mismo caso. En aquella ocasión, el Gobierno cubano denunció que Washington carece de la jurisdicción y la legitimidad necesarias para procesar hechos que, desde la perspectiva de La Habana, están relacionados con la defensa de la soberanía nacional.
La posición oficial del Estado cubano sostiene que las aeronaves de la organización Hermanos al Rescate violaron reiteradamente el espacio aéreo de la isla. Las autoridades cubanas recordaron que, durante años, trasladaron denuncias formales sobre estas incursiones tanto ante los organismos correspondientes de los Estados Unidos como ante la Organización de Aviación Civil Internacional.
Desde el punto de vista legal, el Gobierno de Cuba afirma que su actuación en 1996 estuvo plenamente amparada por el derecho a la legítima defensa y la protección de la soberanía aérea. Asimismo, sostiene que sus acciones se ajustaron a los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y en el Convenio de Chicago de 1944, marcos regulatorios internacionales que rigen la aviación civil y la soberanía de los Estados.
Finalmente, las autoridades cubanas han denunciado que este tipo de procedimientos judiciales forman parte de una política general de hostilidad mantenida por Washington. Según la administración cubana, estas medidas buscan legitimar la continuidad del bloqueo económico, comercial y financiero que ha estado vigente contra la nación caribeña durante más de seis décadas.
