El Partido Popular ha anunciado que llevará a cabo una acción coordinada en todo el territorio nacional mediante la presentación de mociones en todos los ayuntamientos de España. El objetivo central de esta iniciativa es reclamar al Gobierno central la ampliación de la protección destinada a las familias que son beneficiarias de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, una ayuda técnica y económicamente conocida como CUME.
El núcleo de la propuesta del PP se centra en la modificación de los límites temporales de esta protección. La iniciativa plantea que tanto la prestación económica como el permiso correspondiente puedan prorrogarse una vez que el hijo haya superado los 26 años de edad. Esta extensión estaría condicionada a que el hijo se encuentre en una situación de discapacidad igual o superior al 65 % o en una situación de gran dependencia, siempre y cuando siga requiriendo cuidados directos, continuos y permanentes para su subsistencia y bienestar.
Desde la formación política han argumentado que el cumplimiento de una edad determinada no conlleva la desaparición automática de una enfermedad grave, de una discapacidad o de la necesidad imperiosa de cuidados especializados. Por este motivo, el PP ha solicitado una modificación legislativa de carácter urgente. El propósito es evitar que numerosas familias pierdan la protección pública basándose exclusivamente en que sus hijos hayan alcanzado el límite de edad establecido actualmente en la normativa vigente.
Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, ha subrayado la importancia de esta medida al señalar que una enfermedad grave no desaparece al cumplir los 26 años, y que, en consecuencia, la protección pública tampoco debería extinguirse en esa fecha. Fúnez ha destacado que ninguna madre ni ningún padre debería verse en la situación angustiante de tener que elegir entre brindar los cuidados necesarios a su hijo o conservar su empleo y sus ingresos económicos.
Además de la extensión por edad, la moción presentada por el PP exige que el Ejecutivo garantice una financiación que sea "suficiente, estable y adecuada". La formación advierte que cualquier ampliación de la prestación debe contar con el respaldo presupuestario necesario para que se aplique con plena seguridad jurídica. De lo contrario, alertan que el beneficio podría convertirse en un derecho reconocido únicamente sobre el papel, pero vacío de contenido real por falta de recursos económicos.
La iniciativa no se limita a la extensión temporal, sino que también busca adaptar la prestación CUME a la realidad asistencial del sistema sanitario actual. Entre las mejoras reclamadas se encuentra el reconocimiento de situaciones específicas como la hospitalización domiciliaria y la atención ambulatoria especializada. Asimismo, el PP solicita una reducción significativa de la burocracia, el establecimiento de criterios comunes para las mutuas y las entidades gestoras, y el fomento de la corresponsabilidad entre los progenitores. Un punto clave de la moción es la solicitud de revisar los casos de aquellas familias que ya hayan perdido la ayuda al alcanzar el límite de edad actual.
Esta ofensiva municipal surge tras un conflicto legislativo en las Cortes Generales. El PP ya había propuesto estas mejoras mediante la presentación de enmiendas en el Senado, integrándolas en el proyecto de ley de reforma de la Ley de Discapacidad y Dependencia. Sin embargo, el Gobierno vetó dichas propuestas alegando un incremento excesivo del gasto público.
A pesar de que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta logró levantar dicho veto, la Mesa del Congreso, controlada por el PSOE y Sumar, procedió a bloquear las enmiendas. Según Carmen Fúnez, este bloqueo demuestra una falta de previsión y de recursos suficientes por parte del Ejecutivo para implementar la nueva Ley. La dirigente ha advertido que no se pueden prometer nuevos derechos si no existen Presupuestos ni recursos suficientes, y si no se explica quién y cómo se financiarán tales medidas.
Finalmente, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social ha reiterado su compromiso de llevar la voz de las familias beneficiarias de la CUME a cada ayuntamiento del país. Ha concluido asegurando que la formación no solicita privilegios, sino que la protección se mantenga vigente mientras la enfermedad persista y el cuidado del hijo sea imprescindible.
