La visita de los reyes Felipe VI y Letizia a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se encuentra actualmente sobre la mesa, aunque todavía no se ha fijado una fecha definitiva para su realización. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló el pasado día 3 que el desplazamiento se produciría en las "próximas semanas", y desde la Moncloa se trabaja con el objetivo de que la visita se concrete antes de que finalice el año en curso.
A pesar de esta intención, los detalles sobre el momento exacto, las condiciones del viaje y quién será el miembro del Gobierno que acompañará a los monarcas se mantienen bajo una estricta confidencialidad. Esta discreción responde a la gravedad de los sucesos acontecidos los días 30 y 31 de julio en Ceuta, cuando cerca de 80.000 inmigrantes procedentes de Marruecos ingresaron en la ciudad, así como al fuerte impacto diplomático que podría generar este desplazamiento en las relaciones con Rabat.
En términos de calendario, no se prevé ningún movimiento oficial antes del 23 de septiembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones marroquíes. Posteriormente, la agenda de octubre presenta puntos críticos, destacando el 12 de octubre por el Día de la Hispanidad y su correspondiente recepción en el Palacio Real, además de una reunión de alto nivel con Argelia prevista para celebrarse en Madrid, cuya fecha exacta aún no ha trascendido.
La complejidad de esta primera visita de los actuales reyes a las dos plazas es elevada debido a la histórica reivindicación de Marruecos sobre estos territorios. Según fuentes cercanas al entorno de Juan Carlos I, Rabat ha mantenido estas pretensiones desde la época de Mohamed V y continuará defendiéndolas, ya que sectores de la corte y la política marroquí aspiran a la consolidación del denominado "Gran Marruecos".
En este contexto, el Gobierno y la Casa Real trabajan en sintonía. Esta coordinación es fundamental ya que, si bien la voluntad del monarca influye en su agenda, los viajes con implicaciones políticas o diplomáticas no dependen exclusivamente de su decisión, conforme a lo establecido en la Constitución Española. A lo largo de la historia de la monarquía parlamentaria, existen precedentes donde la Moncloa ha considerado inoportunos ciertos desplazamientos deseados por el jefe del Estado, procediendo a aplazarlos o impedirlos.
Sobre el deseo de Felipe VI de viajar a Ceuta, se ha tenido conocimiento a través de informaciones periodísticas y de las declaraciones de Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, tras una reunión en el Palacio de Marivent el 6 de agosto. Respecto a la actuación del Rey durante la crisis de julio, existen opiniones divididas entre expertos en Derecho Constitucional.
Leopoldo Abad, catedrático de la Universidad CEU San Pablo, califica la actuación de Felipe VI como "impecable". Para Abad, tanto la reunión extraordinaria en Mallorca como el comunicado del 1 de agosto, donde el Rey expresó su "indignación" por los hechos en Ceuta y pidió evitar su repetición, fueron gestos necesarios, ya que el jefe del Estado no puede permanecer indiferente ante sucesos de tal gravedad. Por el contrario, Javier Pérez Royo, catedrático de la Universidad de Sevilla, calificó aquel comunicado de "imprudencia", advirtiendo que el mayor riesgo para Ceuta sería que la situación derivara en un conflicto entre las dos monarquías.
El marco jurídico que regula estas situaciones se encuentra en el artículo 64 de la Constitución, que exige que los actos del Rey sean refrendados por el presidente del Gobierno o los ministros competentes. Asimismo, el artículo 97 otorga al Gobierno la dirección de la política interior y exterior. Por ello, los actos políticos requieren obligatoriamente el refrendo gubernamental.
Excolaboradores de la Corona explican que el refrendo más común es el "pasivo", que consiste en no poner obstáculos a la actuación del Rey. No obstante, coinciden en que sería imprudente que el monarca insistiera en un desplazamiento contraviniendo la voluntad expresa del Ejecutivo. El propio Felipe VI sería consciente de que su autoridad moral e institucional depende de la aceptación de estas limitaciones.
Existen antecedentes elocuentes de estas tensiones. En 1997, Juan Carlos I no pudo viajar a Melilla por el V Centenario de la ciudad porque el Gobierno de José María Aznar lo consideró inoportuno. En 1998, el Ejecutivo también frenó un deseo del Rey de visitar Cuba, señalando que tales viajes responden a la "oportunidad política" y no a "razones de deseo", permitiendo finalmente su visita en 1999 solo en el marco de la cumbre iberoamericana.
En relación con Marruecos, en 2002 el Gobierno descartó la asistencia de la familia real a la boda de Mohamed VI debido a una crisis bilateral. No fue hasta noviembre de 2007 cuando Juan Carlos y Sofía visitaron Ceuta y Melilla, acompañados por la ministra Elena Salgado y no por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aquel viaje provocó que Marruecos llamara a consultas a su embajador durante dos meses. Más recientemente, en septiembre de 2020, el Gobierno impidió que Felipe VI acudiera a Barcelona para la entrega de despachos a jueces por razones de "convivencia".
Actualmente, queda por definir quién acompañará a los reyes en su visita. Se barajan varios perfiles: Ángel Víctor Torres, por su rol de mando único en la crisis; Félix Bolaños, responsable de las relaciones con la Casa del Rey; Fernando Grande-Marlaska, por la seguridad fronteriza; o Margarita Robles, debido a la dimensión militar. Por el momento, la decisión final sigue bajo reserva.
