La Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) ha formalizado un acuerdo de colaboración estratégica con la compañía singapurense Boroo Pte. Ltd., el cual establece un marco de trabajo para la evaluación de diversas iniciativas enfocadas en la exploración, el desarrollo y el procesamiento de minerales dentro del territorio ecuatoriano. Este convenio abre la puerta a una potencial inversión que podría alcanzar los 300 millones de dólares, orientada a potenciar la actividad minera en el país.
La firma de este documento se llevó a cabo en el contexto de la agenda oficial del presidente Daniel Noboa durante su visita a Singapur. El objetivo primordial de este desplazamiento presidencial fue la búsqueda activa de capital internacional y la expansión de las relaciones comerciales de Ecuador con mercados estratégicos en Asia, buscando diversificar las fuentes de inversión y fortalecer la economía nacional a través de alianzas con entidades globales.
El acto de suscripción del convenio contó con la participación directa de María José Burgos, quien se desempeña como la gerente general subrogante de ENAMI EP, y de Dulguun Erdenebaatar, director ejecutivo de Boroo Pte. Ltd. La relevancia institucional del acuerdo quedó reflejada en la presencia de testigos de alto nivel, entre los que se encontraron el ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum; el secretario de la Administración Pública, José Luis Neira; y la secretaria general de Integridad Pública, Doménica Bajaña.
En cuanto al alcance del acuerdo, ENAMI EP ha señalado que las iniciativas que logren avanzar satisfactoriamente tras la fase de evaluación traerán consigo beneficios directos para el tejido social y económico del país. Entre los impactos esperados se destaca la generación de nuevos puestos de empleo, así como un incremento significativo en la contratación de bienes y servicios de origen nacional. Asimismo, se prevé que este esquema de colaboración permita fortalecer la capacidad de los proveedores locales, integrándolos en la cadena de valor de proyectos mineros de gran escala.
Otro de los componentes fundamentales de esta alianza es la transferencia de conocimiento. La colaboración entre la empresa estatal y la firma internacional permitirá que el personal y las instituciones ecuatorianas accedan a metodologías y tecnologías avanzadas de procesamiento y exploración, optimizando así la gestión de los recursos minerales del país.
Respecto a la contraparte internacional, Boroo Pte. Ltd. es una empresa minera con sede central en Singapur que ha consolidado su trayectoria desde el año 2018. La compañía se especializa específicamente en la adquisición, el desarrollo y la operación de activos mineros, concentrando sus esfuerzos principalmente en la extracción de oro y cobre. Esta firma posee una presencia global consolidada, manteniendo proyectos activos tanto en el continente asiático como en Sudamérica, lo que le otorga una experiencia técnica relevante para el contexto ecuatoriano.
A pesar del potencial económico y técnico del acuerdo, la Empresa Nacional Minera fue enfática al precisar que la ejecución de cualquier proyecto derivado de esta colaboración estará estrictamente sujeta al cumplimiento de la normativa legal vigente en Ecuador. Esto implica que todas las iniciativas deberán obtener los permisos correspondientes otorgados por las autoridades competentes antes de iniciar cualquier operación.
De manera complementaria, ENAMI EP subrayó que el desarrollo de estas actividades mineras deberá respetar y aplicar rigurosamente los procesos de participación ciudadana y los mecanismos de consulta que correspondan según la ley. De esta forma, el acuerdo busca equilibrar la atracción de inversión extranjera y el desarrollo industrial con el respeto al marco jurídico y los derechos de las comunidades involucradas.
Con este convenio, el Gobierno ecuatoriano, a través de ENAMI EP, busca aprovechar la experiencia de Boroo Pte. Ltd. en la gestión de activos de cobre y oro para mejorar la eficiencia en el procesamiento de minerales, siempre bajo el amparo de la legislación nacional y los estándares de integridad pública representados por las autoridades que testificaron la firma del documento en Singapur.
