El Gobierno federal busca reforzar el seguimiento fiscal de la gasolina y el diésel desde su origen hasta la venta al público mediante la trazabilidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Este mecanismo permitirá contrastar los volúmenes de combustible importados o adquiridos con los que posteriormente son distribuidos y comercializados en el mercado nacional.
Durante su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la propuesta no contempla crear un nuevo gravamen ni establecer una sanción específica para las gasolineras. En su lugar, el objetivo es utilizar el impuesto que ya se aplica a los combustibles para identificar inconsistencias en toda la cadena de comercialización.
“Más que una sanción, es una trazabilidad de un impuesto que se paga por combustibles, que es el IEPS”, explicó la mandataria federal ante los medios de comunicación.
La medida busca que las autoridades puedan seguir de cerca los movimientos del combustible y comparar la información reportada por importadores, Petróleos Mexicanos (Pemex), distribuidores, comercializadores y estaciones de servicio. Para ilustrar el funcionamiento de este mecanismo, la presidenta utilizó un ejemplo hipotético sobre cómo se detectarían las diferencias entre el producto adquirido y el vendido.
“Si por ejemplo, se paga IEPS porque entraron 10 barriles y después en la gasolinera se venden 12, pues algo pasó”, señaló Sheinbaum.
El ejemplo también contempló una cadena en la que participan varias empresas. Una compañía puede importar combustible, venderlo a una comercializadora y esta, a su vez, suministrarlo a una gasolinera. En cada una de las operaciones, los volúmenes registrados deben permitir identificar claramente tanto el origen como el destino final del producto.
En este escenario planteado por la titular del Ejecutivo, si llegan a aparecer dos barriles adicionales en las ventas finales, la empresa implicada tendría que cubrir el IEPS correspondiente a ese volumen no registrado previamente. “Y si llegan a vender 12, pues tienen que pagar el IEPS de esos dos barriles adicionales que vendieron”, afirmó.
Para la administración federal, esta obligación busca reducir el margen para introducir combustible al mercado sin cubrir las contribuciones correspondientes, particularmente a través de prácticas como las importaciones ilegales. “Eso desincentiva cualquier comercio ilegal de combustible, porque el objetivo del comercio ilegal es no pagar IEPS, particularmente en la importación ilegal”, sostuvo.
Por su parte, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que la propuesta parte de información que las instituciones ya reciben de los distintos participantes del mercado, por lo que insistió en que no se trata de la creación de un nuevo impuesto.
“La propuesta que nosotros hacemos no es crear un nuevo impuesto, sino trazabilidad desde el origen hasta la venta”, detalló el funcionario federal durante su intervención.
El titular del SAT detalló que el IEPS se paga inicialmente a la Tesorería de la Federación mediante declaraciones presentadas ante el organismo por los importadores y por Pemex. A partir de ese punto inicial, la autoridad fiscal cuenta con registros detallados de las operaciones realizadas por distribuidores, comercializadores, empresas de autoconsumo y las gasolineras que venden directamente al público.
Estos participantes ya reportan de manera regular sus facturas y controles volumétricos, además de proporcionar información precisa sobre sus inventarios, así como las entradas y salidas del producto. “Ya nos reportan sus controles volumétricos y nos reportan sus facturas, tenemos la información de los inventarios, de las entradas y de las salidas a través de un sistema del gobierno”, puntualizó Martínez Dagnino.
Con el uso de estos registros, las autoridades tienen la capacidad de comparar las cantidades que ingresan físicamente a una empresa con aquellas que posteriormente son distribuidas o comercializadas. La revisión contempla rigurosamente las distintas etapas por las que pasa el hidrocarburo, desde su importación o adquisición inicial hasta su llegada final a una estación de servicio. La información generada en cada operación permite contrastar los volúmenes reportados por los diferentes actores económicos.
Asimismo, Martínez Dagnino explicó que este análisis de datos se realiza en estrecha coordinación con otras instituciones del Estado para verificar que los datos correspondan fehacientemente con los movimientos registrados. “Se revisa que todo lo que está entrando y se está produciendo sean los mismos litros, lo que se compra y lo que se vende”, añadió el funcionario.
De esta manera, si una empresa reporta un volumen de ventas superior al que aparece en sus adquisiciones, dicha diferencia puede ser identificada con precisión mediante el cruce de información. A partir de ese momento, las autoridades pueden revisar a fondo el origen del combustible que no se encuentre respaldado por los registros formales de compra o importación.
La revisión fiscal no se limita a una sola transacción. Si el producto pasa por un importador, una comercializadora y posteriormente llega a una gasolinera, los registros de cada participante permiten reconstruir paso a paso los movimientos y determinar con exactitud en qué punto de la cadena aparece una discrepancia en los volúmenes.
La presidenta Sheinbaum reconoció que el comercio ilegal de combustibles ha disminuido de manera importante, aunque advirtió que todavía existen empresas que, de acuerdo con los registros analizados por las autoridades, comercializan cantidades superiores a las que reportan haber adquirido formalmente. “Ha bajado mucho —el comercio ilegal de combustible—, pero aún hay un porcentaje porque aún hay empresas que venden más de la que compran, ¿pues cómo es eso?”, cuestionó.
La propuesta gubernamental busca que el volumen total de combustible comercializado tenga un respaldo absoluto en las operaciones registradas y que el IEPS correspondiente sea cubierto en su totalidad. De existir cualquier diferencia, el contribuyente tendrá la obligación de responder fiscalmente por el volumen que no aparece en sus adquisiciones previas.
“Los impuestos que se pagan por lo que compran tienen que ser exactamente igual que lo que venden”, concluyó la presidenta.
Con estas acciones, el Gobierno federal pretende utilizar de manera más eficiente la información fiscal y operativa que ya generan las empresas para detectar inconsistencias en el mercado nacional de combustibles, dificultando que producto de origen no acreditado pueda incorporarse a la cadena formal sin cubrir las contribuciones fiscales correspondientes.
