La Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) denominada Préstamo Feliz se encuentra actualmente en el centro de una severa crisis legal y financiera. La institución enfrenta un proceso de concurso mercantil, diversos procedimientos judiciales y múltiples demandas interpuestas por acreedores e inversionistas. El conflicto surge a raíz del presunto incumplimiento en el pago de capital e intereses, lo que ha generado un monto global de reclamaciones que supera los 2 mil 500 millones de pesos.
En el ámbito penal, la situación ha escalado significativamente. Sergio Elizondo, identificado como uno de los directivos de la financiera, ya ha sido vinculado a proceso y se le dictó medida de prisión preventiva. Por otro lado, Eduardo García Alanís, padre de Fernando García Sada —quien también es socio de la entidad—, fue sujeto a un proceso similar, aunque posteriormente fue liberado por un juez.
La magnitud del daño patrimonial ha provocado que el caso trascienda el ámbito judicial para llegar al Congreso de la Unión. El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Humberto Suárez Flores, presentó formalmente ante la Comisión Permanente un exhorto dirigido a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). El objetivo de esta acción es solicitar que la autoridad vigile estrechamente la operación de diversas sociedades financieras dedicadas a los préstamos, debido a las irregularidades detectadas que han afectado el patrimonio de miles de familias, especialmente en los estados del norte del país.
El exhorto promovido por el legislador plantea la necesidad urgente de fortalecer la supervisión y verificación de las Sofomes. Se solicita que se implementen las medidas legales correspondientes para proteger los derechos de los afectados y que se informe detalladamente sobre las reclamaciones recibidas, así como las estrategias previstas para evitar que se repitan afectaciones de esta naturaleza.
El caso de "Préstamos Felices en 15 Minutos", nombre formal de la SOFOM E.N.R. conocida comercialmente como Préstamo Feliz, ha dejado de ser un problema estrictamente local. Aunque las denuncias surgieron inicialmente en el Congreso de Nuevo León, la exigencia se ha trasladado al Senado de la República, donde se pide que las instituciones federales respondan por el perjuicio económico sufrido por las familias. Al respecto, la fiscalía de Nuevo León ha informado que existen 11 denuncias contra la empresa, de las cuales dos carpetas ya han sido judicializadas, involucrando el monto reclamado de aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos.
El senador Suárez Flores ha argumentado en sus documentos que el impacto social es considerable. Destaca que existen señalamientos sobre posibles afectados residentes en Estados Unidos, principalmente personas jubiladas y pensionadas que habrían invertido los ahorros de toda una vida laboral, resultando en pérdidas multimillonarias.
En cuanto al estado legal de la empresa, la Sofom —especializada en otorgar créditos mediante esquemas de descuento o cargo a cuentas de nómina— fue declarada en concurso mercantil en abril de 2026 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, bajo el expediente 6701/2025-I. Este procedimiento ha abierto una etapa de conciliación con una duración de 185 días naturales y ha impuesto medidas precautorias sobre los bienes y recursos de la sociedad.
La preocupación del Poder Legislativo se extiende también a BanFeliz, S.A.P.I. de C.V., un banco vinculado al mismo grupo empresarial. El exhorto señala que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), encabezada por Ángel Cabrera Mendoza, debe mantenerse atenta al expediente e informar al Congreso sobre las acciones de inspección y vigilancia. Esto se debe a que se ha difundido información sobre un posible cambio de control de BanFeliz a favor de Grupo Klu.
Ante esta posibilidad, el senador del Partido Verde ha solicitado que las autoridades verifiquen exhaustivamente la capacidad financiera, solvencia, experiencia, integridad y honorabilidad de quienes pretendan adquirir el control de la institución, además de asegurar el origen lícito de los recursos utilizados. El temor radica en que la situación patrimonial de una empresa en concurso mercantil pueda agravar las pérdidas de los acreedores. Suárez Flores advirtió que, si no se garantizan recursos para cubrir los adeudos, el proceso podría ser una estrategia legal para evadir responsabilidades y complicar la recuperación del dinero.
