Una fotografía difundida recientemente a través de la página de Facebook "Holguín Memories" ha puesto de relieve la precaria situación que atraviesan más de 1,7 millones de jubilados en Cuba. La imagen, capturada en el Parque de San José, en la provincia de Holguín, muestra una extensa fila de adultos mayores que esperan bajo el sol para poder cobrar sus pensiones, sintetizando la realidad mensual de miles de ciudadanos en la isla. El autor de la publicación lamentó que personas que dedicaron años de su vida al trabajo deban enfrentar tales condiciones, subrayando la urgencia de un cambio estructural en el sistema.
En los últimos meses, las denuncias sobre las dificultades para cobrar las chequeras en Holguín se han intensificado. El escritor Manuel García Verdecia reportó que el pasado 18 de agosto, los jubilados que acudieron a la oficina de Correos no pudieron recibir su dinero debido a que los fondos no habían sido depositados. Paralelamente, frente a las sucursales del Banco Popular de Ahorro y BANDEC, se formaron aglomeraciones que el autor describió como un "mar de desesperados". Esta situación ha llevado a cuestionar públicamente si existe preocupación en los niveles gubernamentales por una dinámica de angustia y desconcierto que se repite mes tras mes.
La ineficiencia institucional también se ha manifestado en cierres arbitrarios. En julio, una sucursal del Banco Popular de Ahorro en Holguín cerró sus puertas a las 3:00 p.m., dejando a decenas de ancianos sin su pago. Según los reportes, no se trató de un fallo técnico, ya que la entidad contaba con electricidad, conexión y efectivo, sino de un acto de desidia institucional.
Este drama no es exclusivo de una sola provincia, sino que se extiende por todo el territorio nacional. En junio, las autoridades de Granma admitieron que no disponían de los más de 400 millones de pesos necesarios para cubrir los pagos de sus más de 111,000 jubilados. De manera similar, el gobierno provincial de Guantánamo reconoció la falta de efectivo suficiente en los bancos. En Santiago de Cuba, la situación es tan crítica que algunas sucursales limitan la atención a solo 50 jubilados por día, lo que obliga a muchos adultos mayores a formarse en las filas desde la tarde del día anterior.
Ante esta crisis, el Banco Central implementó en julio el esquema denominado «Caja Extra». Este mecanismo permite que mipymes y negocios privados realicen el pago de las pensiones utilizando su propio efectivo, para luego recibir una compensación por parte del Estado en un plazo de hasta 72 horas. Sin embargo, diversos economistas han cuestionado esta medida, argumentando que traslada una obligación constitucional del Estado hacia actores privados. En Holguín, aunque unas 20 mipymes participaron en una fase inicial que benefició a 5,000 pensionados, las denuncias y las largas colas persistieron.
La crisis financiera ha sido aprovechada también por redes de corrupción. En San Luis, Pinar del Río, el robo de más de tres millones de pesos destinados a pensiones provocó que más de 1,110 jubilados quedaran sin cobrar a principios de junio. Por otro lado, en Ciego de Ávila, una empleada de Correos fue condenada a cuatro años de prisión tras malversar fondos mientras aseguraba falsamente a los jubilados que no había efectivo disponible.
Estas evidencias contrastan drásticamente con las declaraciones oficiales. En febrero, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, afirmó que el pago de las pensiones estaba "garantizado en el presupuesto". No obstante, la realidad observada en el Parque de San José y otras provincias desmiente tales promesas. Incluso el periódico estatal Venceremos reconoció en julio que la problemática ha dejado de ser una simple dificultad bancaria para transformarse en un problema social.
El impacto económico para los jubilados es devastador. La pensión mínima es de 4,000 pesos cubanos, cifra que representa menos de 10 dólares al cambio informal. Este monto es insuficiente para cubrir la canasta básica, cuyo costo supera los 12,000 pesos, obligando a muchos ancianos a recurrir al trabajo informal para poder subsistir.
A este escenario se suma el colapso de la infraestructura bancaria, con más del 50% de los cajeros automáticos fuera de servicio y bancos operando con horarios reducidos. Ante la indignación generalizada, la ciudadanía demanda soluciones reales, como el retorno del pago a domicilio y una atención diferenciada para aquellas personas con movilidad reducida.
