El presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha hecho pública una serie de revelaciones respecto a la gestión migratoria que el país está llevando a cabo en coordinación con otras naciones de la región. Durante una conferencia de prensa concedida en el marco de la inauguración de una obra de infraestructura vial, específicamente el paso a desnivel en la calzada Roosevelt, el mandatario confirmó que el territorio guatemalteco está siendo utilizado como punto de recepción para ciudadanos mexicanos que han sido deportados desde los Estados Unidos.
Esta dinámica operativa ha sido calificada como una medida inusual dentro del contexto migratorio de la región. De acuerdo con la información suministrada por el jefe de Estado, en lo que transcurre del año 2026, Guatemala ha recibido a un total de 2,284 ciudadanos mexicanos. El proceso de arribo de estas personas se realiza a través de vuelos directos, los cuales poseen una naturaleza mixta, ya que en los mismos transportes también son trasladados ciudadanos guatemaltecos que retornan a su país de origen.
Ante la implementación de este flujo migratorio, el Gobierno de Guatemala ha establecido una coordinación estrecha con las autoridades del Gobierno de México. El objetivo primordial de esta alianza es la ejecución de un protocolo riguroso que garantice que el ingreso de los ciudadanos mexicanos al suelo guatemalteco se realice exclusivamente bajo una condición de tránsito temporal. El presidente Arévalo fue preciso al señalar que esta medida no implica una estancia prolongada, sino que se trata de un paso logístico necesario para el retorno final de los individuos a su patria.
En relación con los tiempos de permanencia, el mandatario detalló que el traslado de los ciudadanos mexicanos hacia México se ejecuta de manera eficiente y expedita. Según lo indicado por el Ejecutivo, el plazo establecido para que estas personas abandonen el territorio nacional y continúen su camino hacia México es menor a veinticuatro horas tras su llegada al país. Esta celeridad en el proceso busca evitar cualquier asentamiento no planificado y asegurar que la función de tránsito se cumpla estrictamente según lo acordado.
Uno de los puntos más enfáticos de la intervención del presidente Arévalo fue la aclaración sobre el estatus legal de estas personas en el país. El jefe de Estado subrayó que, bajo ninguna circunstancia, existe la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos accedan a algún tipo de refugio o figuren bajo cualquier modalidad migratoria permanente en Guatemala. La administración ha sido categórica al establecer que la estancia es estrictamente transitoria y que no se han habilitado mecanismos legales para la permanencia de largo plazo de los ciudadanos mexicanos deportados.
Asimismo, el mandatario aprovechó el espacio para desmentir rotundamente cualquier rumor sobre la firma de convenios específicos de permanencia prolongada con el gobierno estadounidense. De forma categórica, Bernardo Arévalo negó que Guatemala haya firmado un acuerdo de “Tercer país seguro” con Estados Unidos. Con esta declaración, el presidente buscó desvincular el procedimiento de retorno de los mexicanos de cualquier convenio que sugiera que Guatemala actúa como un destino final o un centro de procesamiento de asilo para ciudadanos de otras nacionalidades.
Finalmente, el presidente Arévalo abordó la cuestión financiera relacionada con la operatividad de estos traslados. El Ejecutivo explicó que el Gobierno de Guatemala no asume la carga económica de estas operaciones de retorno. Los gastos asociados a la logística, el transporte y el movimiento de los ciudadanos mexicanos son asumidos íntegramente por el Gobierno de México. Adicionalmente, el mandatario mencionó que, en determinadas ocasiones, el Gobierno de los Estados Unidos también asume parte de los costos operativos de estas misiones de repatriación.
Con estas precisiones, el Gobierno de Guatemala busca dar transparencia a una operación migratoria compleja, subrayando la cooperación bilateral con México y la ausencia de compromisos de permanencia con Estados Unidos, manteniendo el flujo de personas bajo un estricto control de tiempo y legalidad.
