El Gobernador de la provincia de Artemisa, Ricardo Concepción Rodríguez, ha emitido la Resolución 115, una disposición legal diseñada para fortalecer los mecanismos de control sobre los precios y contener las prácticas especulativas que afectan el costo de vida de la población. Esta medida establece un límite obligatorio al margen de ganancia comercial permitido en el territorio provincial.
La normativa, firmada el pasado 10 de agosto de 2026, fija un margen comercial máximo del treinta por ciento (30 %), aplicable tanto para los procesos de comercialización mayorista como para los minoristas. El objetivo central de esta regulación es evitar que el precio final al consumidor se dispare debido a incrementos desmedidos en las etapas de venta.
Uno de los puntos más relevantes de la Resolución 115 es que el margen del 30 % se aplicará por una sola vez sobre el costo total del producto. De acuerdo con el texto legal, no se permitirá la adición de nuevos márgenes de ganancia en etapas posteriores de la cadena de comercialización. Con esta restricción, el Gobierno Provincial busca cortar la cadena de intermediarios, un factor que tradicionalmente ha encarecido los productos antes de llegar al consumidor final.
En cuanto a su fundamento legal, la resolución se ampara en el artículo 170 de la Constitución de la República y en las facultades otorgadas por la Ley 138 de Organización y Funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder Popular. Asimismo, la medida da continuidad a la Transformación 117 de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la cual se enfoca en la descentralización de la aprobación de precios y tarifas. Adicionalmente, la norma extiende por analogía los principios de la Resolución 148/2023 del Ministerio de Finanzas y Precios, que regula las tasas de utilidad máximas según la actividad económica.
Para garantizar la operatividad de la medida, el apartado segundo de la norma encomienda a los Intendentes de los 11 municipios de Artemisa la tarea de notificar formalmente el contenido de esta resolución a todos los actores económicos no estatales que operan en sus respectivas jurisdicciones. La Resolución 115 entrará en vigor oficialmente el 12 de agosto de 2026. A partir de esa fecha, las autoridades de inspección y control del Gobierno Provincial, junto con las administraciones municipales, serán las encargadas de velar por el estricto cumplimiento de lo normado.
La implementación de esta medida ha generado un debate significativo entre diversos sectores. Mientras algunos consideran que topar los márgenes comerciales es el camino correcto para frenar la escalada de precios, otros advierten que los controles administrativos por sí solos podrían ser insuficientes si no van acompañados de un incremento en la producción nacional. Existe la preocupación de que los topes de precios puedan derivar en desabastecimiento, la aparición de mercados paralelos o una reducción en los incentivos para producir y distribuir bienes.
Desde algunas perspectivas, se argumenta que la eficacia de la medida dependerá de la capacidad de Artemisa para articular cadenas completas de producción —desde semillas y fertilizantes hasta el almacenamiento y la distribución—, reduciendo pérdidas y transparentando los costos. Se sostiene que la sustitución de importaciones debe elevar la oferta y la productividad para que los precios bajen por disponibilidad y no solo por decreto.
Asimismo, se han reportado experiencias en provincias vecinas, como Matanzas, donde la aplicación de controles de precios habría coincidido con la desaparición de productos básicos como arroz y aceite en algunas mipymes, o incluso con el cierre temporal de establecimientos. Estas situaciones subrayan el riesgo de que la regulación de márgenes provoque que los comerciantes retiren productos del mercado.
Otros sectores han señalado la necesidad de que este tipo de normativas se extiendan a nivel nacional, mencionando la urgencia de medidas similares en La Habana y Sancti Spíritus, donde la especulación sigue siendo un problema crítico. También han surgido dudas técnicas sobre cómo se gestionará el margen compartido entre mayoristas y minoristas y cómo afectará esto al pago de impuestos sobre las ventas y los ingresos personales, sugiriendo que una normativa nacional basada en fichas de costo claras y auditables sería más efectiva que controles aislados.
