Los gobiernos de Perú y México han alcanzado un acuerdo para restablecer sus relaciones diplomáticas, las cuales se encontraban rotas a todo nivel desde noviembre de 2025. Esta normalización de los vínculos bilaterales se produce luego de que el Ejecutivo peruano, liderado por la presidenta Keiko Fujimori, aceptara otorgar el salvoconducto a Betssy Chávez, quien se desempeñó como primera ministra durante la gestión del expresidente Pedro Castillo entre 2021 y 2022.
Betssy Chávez había recibido asilo diplomático por parte del Gobierno mexicano y permanecía resguardada en la residencia de la Embajada de México en Lima. La ex funcionaria fue procesada y posteriormente condenada a una pena de 11 años y cinco meses de cárcel por su participación en el fallido intento de golpe de Estado ocurrido en 2022, la misma sentencia que recibió el exmandatario Pedro Castillo.
A través de sendos comunicados, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la reanudación de las relaciones. El Gobierno de la presidenta Fujimori fundamentó la decisión de emitir el salvoconducto basándose en el cumplimiento de la Convención de Caracas. Este tratado internacional regula el asilo diplomático y establece la obligación del Estado donde se encuentra la persona beneficiada de emitir el documento necesario para que pueda viajar al país asilante sin ser detenida en el proceso.
El camino hacia este acuerdo fue complejo. Desde noviembre de 2025, Betssy Chávez esperaba una respuesta oficial que fue evitada por las administraciones de los presidentes interinos José Jerí (2025-2025) y José María Balcázar (2025-2026). Fue precisamente bajo la gestión de Jerí cuando se decidió la ruptura total de las relaciones diplomáticas con México, como respuesta directa al otorgamiento del asilo a la ex primera ministra.
Es importante señalar que la tensión entre ambas naciones ya era evidente desde diciembre de 2022. En aquel momento, el Gobierno del entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenó el encarcelamiento de Pedro Castillo y manifestó que no reconocía la legitimidad de la vicepresidenta Dina Boluarte como sucesora presidencial. Debido a esto, Perú había expulsado al embajador mexicano y retirado al suyo de Ciudad de México, manteniendo la comunicación únicamente a través de encargados de negocios hasta la ruptura definitiva de 2025.
A pesar del restablecimiento de los vínculos, la Cancillería peruana ha sido enfática en aclarar que la entrega del salvoconducto no constituye un reconocimiento de que Betssy Chávez sea una perseguida política, postura que ha sostenido el gobierno mexicano. El Estado peruano reiteró que en el país impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso.
Asimismo, el Gobierno de Perú recordó que Chávez fue sentenciada como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, específicamente en la modalidad de conspiración para una rebelión en agravio del Estado, según lo previsto en el artículo 349 del Código Penal. Además, se informó que la ex primera ministra continúa siendo investigada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
Ante lo sucedido, el Ejecutivo peruano informó que continuará impulsando consultas dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) para buscar una eventual modificación de los tratados internacionales sobre asilo. La postura oficial es que el espíritu de dichos tratados se ha desvirtuado en casos como el de Betssy Chávez.
El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, quien se encontraba en Colombia asistiendo a la investidura del presidente electo Abelardo De la Espriella, confirmó que las coordinaciones para el traslado de Chávez se realizaron bajo estricta confidencialidad. Espá detalló que la ex primera ministra partió de Perú a la medianoche en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, el cual aterrizó en el Grupo Aéreo Número 8, base militar aledaña al aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima.
Finalmente, el canciller peruano expresó su agradecimiento por las gestiones realizadas por las cancillerías de Perú y México, así como por la intermediación de Brasil, país que se había encargado de manejar los intereses de México en territorio peruano desde la salida del personal diplomático mexicano en noviembre de 2025.
