En una jornada marcada por la tensión y el debate legislativo, el Senado de la República aprobó la ley de sometimiento impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella. La decisión se tomó tras una sesión que se prolongó durante casi seis horas, en las cuales se evidenciaron fuertes choques entre las bancadas oficialistas y los sectores de la oposición. Al finalizar la discusión, la votación del título y la pregunta del proyecto resultó en un respaldo de 57 votos a favor y 24 en contra.
A pesar de la aprobación en la cámara alta, el proyecto de ley aún debe superar un paso crítico para convertirse en norma vigente. A esta hora, la decisión final permanece pendiente en la Cámara de Representantes, donde se llevará a cabo la segunda mitad del trámite legislativo.
El desarrollo de la jornada en el Senado estuvo caracterizado por los intentos del Pacto Histórico y diversas bancadas independientes de introducir modificaciones al texto original. No obstante, la plenaria decidió aprobar, en su mayoría, la ponencia que defendía la postura del Gobierno. Un punto de convergencia notable ocurrió cuando el Pacto Histórico, el Centro Democrático y los sectores independientes lograron un consenso para eliminar el artículo 25 del proyecto, siendo este uno de los pocos puntos donde la oposición y el oficialismo coincidieron en la modificación del texto.
Tras el resultado de la votación, el ministro de Justicia, Iván Cancino, expresó su agradecimiento a las bancadas que brindaron su respaldo a la iniciativa. Sin embargo, el jefe de la cartera de Justicia fue cauteloso al reconocer que el proceso legislativo apenas ha avanzado la mitad del camino, quedando la palabra final en manos de la Cámara de Representantes. Cancino subrayó que este proyecto no solo regula el sometimiento, sino que también introduce reformas a la ley de orden público, normativa que había sido fundamental para que el gobierno de Gustavo Petro estableciera el piso jurídico de la denominada “paz total”.
El texto aprobado por el Senado contempla cambios significativos respecto a la propuesta inicial, enfocándose principalmente en el endurecimiento de las condiciones para que los procesados accedan a beneficios penales. Uno de los ajustes más relevantes se dio en el caso del delito de lavado de activos; mientras que la propuesta original permitía acceder a beneficios tras cumplir un año de pena, el Senado incrementó este tiempo mínimo a seis años.
Asimismo, la reforma establece una restricción tajante en cuanto al tratamiento penal diferenciado. Quedarán excluidas de este régimen aquellas personas que hayan sido condenadas o consideradas responsables del reclutamiento de menores de 18 años, eliminando cualquier posibilidad de beneficios especiales para quienes hayan cometido este delito.
En el ámbito financiero y presupuestal, se produjo una modificación importante mediante la eliminación de la disposición que permitía el uso de gastos reservados provenientes del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta votación fue un punto de unión entre el Pacto Histórico, partidos oficialistas e independientes, quienes coincidieron en suprimir dicha facultad.
Respecto a la implementación territorial de la ley, el Senado determinó que los departamentos y municipios quedarán exentos de asumir las cargas financieras y operativas que se deriven del sometimiento de los grupos armados. La responsabilidad de coordinar y dirigir todo el proceso de sometimiento recaerá directamente en el Ministerio de Justicia. Para garantizar la seguridad y el control, se estableció la creación de centros de reclusión bajo la administración del INPEC, los cuales contarán con restricciones efectivas a la libertad de las personas sometidas.
Finalmente, la norma approved por el Senado fija una escala de penas y beneficios basada en la jerarquía dentro de las estructuras criminales. Se estableció un mínimo de diez años de pena para quienes hayan desempeñado roles de mando. En cuanto a la reducción de penas, los beneficios serán proporcionales a la responsabilidad: los integrantes de base podrán acceder a una reducción del 50 % de su condena, mientras que los cabecillas tendrán una rebaja máxima del 30 %.
