La Cámara de Diputados se encuentra en el centro de un intenso debate político tras la presentación del proyecto de ley 00719-2026-2031-CD, una iniciativa que busca otorgar la amnistía al expresidente Pedro Castillo y a diversas personas procesadas en el marco de las protestas sociales. La propuesta, presentada el pasado viernes 30 de octubre por la bancada de Juntos por el Perú (JP), plantea la extinción de la acción penal y de las penas impuestas, incluso en aquellos casos donde ya exista una sentencia que aún no haya adquirido el carácter de firme.
El proyecto de ley tiene un alcance específico: busca amnistiar los hechos relacionados con el mensaje a la Nación emitido por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, así como las acciones derivadas de las protestas registradas desde el 28 de julio de 2021 hasta la fecha en que la norma entre en vigor. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, además de la firma de 13 diputados del Partido Cívico Obras y un representante de Ahora Nación. Los impulsores de la medida sostienen que el Estado peruano mantiene una persecución penal con motivaciones políticas contra dos grupos específicos: los involucrados en los eventos del 7 de diciembre de 2022 y los ciudadanos procesados por participar en manifestaciones, resaltando la situación de campesinos, indígenas, estudiantes, transportistas y dirigentes sociales del sur andino.
En este contexto, la diputada de Ahora Nación, Indira Huilca, quien integra la Comisión de Justicia encargada de evaluar el pedido, se pronunció el pasado 2 de noviembre. La parlamentaria cuestionó severamente el proceso judicial que culminó en la condena de primera instancia contra el exmandatario por el delito de conspiración para rebelión. Huilca señaló que el proceso presentó "serias deficiencias", haciendo hincapié en el cambio de la acusación penal inicial. "Yo creo que nadie podría decir que ese ha sido un proceso judicial ejemplar", afirmó la legisladora. No obstante, evitó definir su voto final, indicando que la bancada de Ahora Nación debatirá la propuesta internamente antes de anunciar una decisión oficial.
Actualmente, Pedro Castillo cumple una condena de 11 años, emitida en primera instancia, por el delito de conspiración para rebelión, derivado de su intento de golpe de Estado en diciembre de 2022. Es relevante precisar que, en un inicio, la acusación contra el exmandatario fue por el delito de rebelión, pero posteriormente se modificó a conspiración para rebelión. En la actualidad, el exmandatario permanece a la espera de que se evalúe la apelación contra dicho fallo.
Desde otras bancadas, las posturas son diversas. El senador de Cívico Obras, Daniel Barragán, calificó a Pedro Castillo como un "preso que ha cometido un grave error político" al intentar dar un golpe de Estado. Barragán también recordó que el expresidente enfrenta carpetas fiscales por presunta corrupción, aunque evitó adelantar su postura sobre la ley de amnistía, asegurando que el tema será conversado en el Senado.
Por otro lado, el senador José Castillo Terrores, hermano del expresidente, defendió la iniciativa argumentando que la amnistía es un derecho que le corresponde a Pedro Castillo. Para el legislador, su hermano debe recuperar la libertad ya que, según sus palabras, "no ha hecho nada contrario" y su única intención era "trabajar por el pueblo", denunciando que las acciones del Estado han sido únicamente para mantenerlo preso.
Finalmente, la postura crítica provino del diputado de Renovación Popular, Diego Bazán. Aunque reconoció que Juntos por el Perú tiene la facultad de presentar pedidos, Bazán subrayó que la viabilidad de la norma depende estrictamente de los votos. El parlamentario expresó sus dudas sobre si la propuesta sería viable en el Senado y cuestionó que este tema esté en la agenda legislativa, señalando que el Parlamento tiene prioridades más urgentes que deben ser debatidas.
